Por Matías Rodríguez, Senador Nacional.-
La pandemia del Covid19 dejó de manifiesto las múltiples dimensiones que adquiere hoy la desigualdad social. El aislamiento social, preventivo y obligatorio, la única vacuna que existe contra el coronavirus evidenció como las brechas digitales y de conectividad revelan mayores obstáculos para el ascenso económico y social.
Asimismo, en el marco de la emergencia sanitaria, la disposición de las clases virtuales para evitar la circulación de personas generó mayores dificultades para que los niños y las niñas de los sectores más vulnerados puedan acceder de forma efectiva a la enseñanza en sus hogares, lo cual demuestra como las distintas brechas se retroalimentan entre sí, potenciando la exclusión social.
En este contexto, el gobierno nacional mediante el Decreto 690/2020 declaró a la telefonía celular y fija, a los servicios de Internet y a la televisión paga como un servicio público y esencial, a la vez que decidió congelar las tarifas hasta el 31 de diciembre de 2020. Entra las razones que sirven a los fundamentos se menciona la “relevancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo de una sociedad más igualitaria”, en la medida que las mismas “representan no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social”. En tal sentido, el Estado debe asegurar la universalidad y accesibilidad de dichos servicios reconociéndolos como esenciales y estratégicos, ponderando las distintas realidades sociales y económicas, prestando especial atención a los sectores más vulnerados, evitando la exclusión a partir de una tarifa que pueda “calificarse de confiscatoria, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar.” Asimismo, menciona que, en el actual contexto sanitario, el uso de las TIC se vuelve esencial para garantizar el derecho a la educación conforme al el artículo 75 de la Constitución Nacional.
En el año 2014 mediante la ley N°27.078 nuestro país ya había reconocido en su art. 15 “el carácter de servicio público esencial y estratégico de TIC en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre licenciatarios de Servicios de TIC”, pero este artículo fue derogado por DNU en 2016 «abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional». Asimismo, la norma incorpora en sus considerandos la regulación internacional, desde la resolución A/HRC/20/L13 del 29 de junio de 2012 donde la ONU impulsa a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a internet reconociéndolo como herramienta impulsora de progreso, en todos sus sentidos, hasta los casos de Francia y México que desde los años 2009 y 2013, respectivamente, reconocen el acceso a estos servicios como un derecho esencial. A estos se agregan otros antecedentes como el de Canadá, Finlandia, Estonia, Costa Rica, Corea del Sur e Israel que a lo largo de los últimos años han declarado el acceso a internet como un derecho básico universal. En relación a este tema, Argentina se encuentra una década atrasada a nivel internacional.
En tal sentido, el reconocimiento la telefonía móvil, los servicios de Internet y la televisión paga como un servicio público y esencial, son parte del derecho a la educación y a la información, como lo son el gas, el agua y la telefonía fija considerados servicios públicos esenciales hace ya varios años. La identificación de estos servicios como derechos constituyen las bases fundamentales para avanzar por las sendas de un desarrollo económico inclusivo sobre la base de un Estado que avanza en la expansión de derechos.
Otra cuestión para mencionar es que históricamente el sector de las telecomunicaciones se caracterizó por su tendencia hacia la concentración dada sus elevadas barreras de ingreso: altos costos fijos y fuerte presencia de economías de escala. En Argentina, tal concentración se ve potenciada por la centralización geográfica de los servicios e infraestructura y por la presencia de los conocidos grupos económicos.
La concentración genera efectos negativos en la prestación de servicios, en la falta de inversión en innovación, en los precios y en el acceso, trascendiendo el presente y el futuro, limitando las posibilidades y oportunidades de progreso a toda la sociedad. En este sentido, la regulación estatal se vuelve necesaria para que no sean grupos dominantes quienes definan las reglas del juego, discriminando empresas y personas en favor de sus beneficios. Es el Estado quien debe dirigir estratégicamente la economía en beneficio de la comunidad, generando un espacio de cooperación entre el sector público y privado, alentando la inversión y el desarrollo de nuevos actores y operadores locales, que apuesten por el desarrollo y el progreso económico y social. La concertación y la cooperación de los distintos actores y sectores deben construir los pilares de un nuevo pacto social, en beneficio de todas y todos.
Declarar servicios esenciales y estratégicos a la telefonía móvil, Internet y la televisión no solo representa un avance en la expansión de derechos básicos como el acceso a la educación, al conocimiento, a la cultura y a la comunicación, sino que implica el reconocimiento de herramientas que son claves y estratégicas para la innovación, el empleo y la productividad necesaria para potenciar el crecimiento económico inclusivo.
