Un grupo de abogados inició una demanda colectiva contra Prodesur S. A., la compañía fueguina propietaria del buque B/P Tai-An, por su participación en la pesca ilegal de 175 toneladas de merluza negra en la Zona Económica Exclusiva Argentina, sin contar con el permiso que se exige para capturar tal especie protegida.
La acción legal, presentada el 4 de abril ante el Juzgado Civil y Comercial Federal n° 11, Secretaría n° 21, busca no solo compensación económica por el valor de las capturas ilegales, sino también indemnizaciones punitivas por los daños infligidos al delicado ecosistema marino.
A pesar de las regulaciones vigentes y los esfuerzos de las autoridades para combatir la pesca ilegal, el caso ha avivado el debate sobre la efectividad de las medidas de control. Según denuncias difundidas en las redes sociales de la revista Puerto, se alega que el propietario de Prodesur, Lui Zhijiang, habría asegurado la liberación del buque Tai-An tras pagar el 30% del valor de la merluza incautada. Esta situación generó indignación entre la comunidad ambientalista y suscitó interrogantes sobre la eficacia de las sanciones impuestas.
La merluza negra, una especie emblemática y vulnerable del patrimonio marino argentino, está protegida por regulaciones nacionales e internacionales. El Consejo Federal Pesquero (CFP) ha establecido un sistema de cuotas individuales transferibles de capturas (CITC) para su conservación y gestión sostenible.
Sin embargo, casos como este ponen de relieve la necesidad de reforzar la vigilancia y la aplicación de la ley para proteger a estas especies en peligro.
La demanda no solo busca compensación financiera, sino también un compromiso de las autoridades para garantizar la preservación del frágil ecosistema marino. Se espera que el caso no solo traiga justicia para la merluza negra, sino que también sirva como un llamado de atención sobre la urgente necesidad de fortalecer la regulación y el control en la industria pesquera.
