El legislador del MPF, Pablo Villegas, criticó el intento de reabrir el debate sobre la instalación de salmoneras en Tierra del Fuego, una iniciativa que —según denunció— responde a presiones económicas e intereses ajenos al desarrollo sostenible de la provincia.
En declaraciones a Radio Provincia, Villegas recordó que la ley que prohíbe la cría intensiva de salmones en el mar y en lagos fue producto de un fuerte respaldo social, especialmente en el sur de la provincia, y de un debate amplio con participación de científicos, universidades, organizaciones ambientalistas y sectores productivos.
“Nosotros lo que hicimos fue materializar en un proyecto de ley un reclamo social legítimo, para evitar daños ambientales irreversibles como los que se ven en el sur de Chile. Esa ley dio por cerrado un debate”, afirmó. Sin embargo, señaló que el gobernador, busca ahora reabrir la discusión, presentando a las salmoneras como una salida ante la posible pérdida de empleos en la industria electrónica.
“Quieren hacernos creer que podemos reemplazar entre 3.000 y 4.000 puestos laborales con granjas de salmones. Eso es una falacia. No tenemos el litoral marítimo de fiordos que tiene Chile. A lo sumo, se generarían 60 o 70 empleos, con un daño ambiental incalculable”, advirtió. Villegas fue más allá al exponer las contradicciones del gobierno, al señalar que mientras se promueve el desembarco de grandes empresas salmoneras, no se garantiza lo mínimo para los productores locales en zonas como Puerto Almanza.
“Hay emprendedores que crían truchas todos los días del año, y el Estado no les garantiza agua, luz, ni el tratamiento de efluentes. ¿Cómo vamos a hablar de grandes granjas si ni siquiera atendemos a quienes ya producen respetando el ambiente?”, cuestionó.
Para Villegas, el modelo de desarrollo sostenible basado en la conservación ambiental y el turismo ha sido exitoso, y debe sostenerse con decisiones estratégicas de largo plazo, no con improvisaciones coyunturales. “Desde el ‘92 hasta hoy, el turismo ha generado más trabajo y riqueza que cualquier otra actividad. Si algo funciona, no hay que cambiarlo. Equipo que gana no se toca”, gráfico.
“Si el Gobierno no pone límites al SUTEF, lo hará la Legislatura”
El legislador apuntó contra la gestión educativa del Ejecutivo provincial. “En Tierra del Fuego el derecho a aprender no está garantizado. El Gobierno no ha sabido, por acción u omisión, asegurar que los chicos tengan clases. Hay una realidad grave desde el punto de vista institucional”, afirmó Villegas.
Para Villegas, las desobligaciones que impulsa el gremio son “paros encubiertos de carácter ilegal” que perjudican directamente a los estudiantes fueguinos y vulneran un derecho humano fundamental como es el acceso a la educación. “Es inadmisible que sea el gremio el que decida cuándo hay clases y cuándo no. El Gobierno ha cedido esa potestad por su inacción, y eso nos pone en una situación de extrema gravedad educativa”, expresó.
En este sentido, Villegas advirtió que si el Ejecutivo provincial no toma medidas concretas para frenar este accionar, será la propia Legislatura la que avance con un proyecto de ley que ponga un freno a las desobligaciones. “No se puede seguir jugando con la vida y el futuro de los niños y adolescentes. Si el Gobierno no actúa, lo vamos a hacer desde la Legislatura”, sostuvo.
Además, recordó que está vigente el DNU 340/2023 del Gobierno nacional, que declara a la educación como servicio esencial, lo cual obliga a garantizar al menos el 75% del servicio educativo aún durante medidas de fuerza. “Ese decreto está vigente, pero el Ministerio de Trabajo provincial no hace absolutamente nada para aplicarlo. No hay intimaciones ni diálogo con el gremio para establecer guardias mínimas. La razón es clara: hay una debilidad cómplice del Gobierno con el SUTEF”, denunció.
