Ángeles De la Peña, de Fundación por el Mar, afirmó que la salmonicultura marina amenaza el ecosistema y el desarrollo provincial. Propuso alternativas en tierra con especies locales y tecnología RAS.
El debate sobre la instalación de salmoneras en las aguas de Tierra del Fuego resurge con fuerza en medio de declaraciones políticas y proyectos legislativos que buscan redefinir el futuro de la acuicultura en la provincia. Ángeles de la Peña, referente de la Fundación por el Mar, enfatizó en diálogo con FM Master’s que la discusión no se reduce a «producción versus ambientalismo», sino que gira en torno al modelo de desarrollo que la comunidad fueguina desea impulsar.
«La ley 1355, sancionada en 2021, regula la salmonicultura prohibiéndola en el mar pero permitiéndola en tierra, con un tope bajo que impide proyectos industriales masivos», explicó De la Peña. Sin embargo, advirtió que el verdadero consenso radica en evitar esta actividad en ecosistemas marinos: «No debería permitirse ni en el Canal Beagle, ni en la Costa Atlántica, ni en Península Mitre. Es una oportunidad para reafirmar estos principios».
La activista desmitificó la idea de que la industria salmonera generaría empleo significativo. Citó un estudio de la Universidad de Tierra del Fuego que proyectaba apenas «entre 70 y 120 puestos de trabajo por cada 6 a 9 puntos de cultivo, con un alto porcentaje de mano de obra calificada». Además, alertó sobre la precarización laboral observada en otros países y subrayó los daños colaterales: «No solo impacta al mar, sino también al turismo, la pesca y la identidad cultural. Cuando hay alternativas en tierra, ¿por qué elegir un modelo destructivo?».
Sobre los sistemas de recirculación acuícola (RAS), propuestos como alternativa, De la Peña señaló: «Estamos de acuerdo con ese camino. Pero incluso deberíamos ampliar el debate: la acuicultura no es solo salmones; hay especies nativas y sistemas multitróficos que podrían diversificar la matriz productiva». Criticó la falta de datos clave, como el consumo energético de estos emprendimientos, pero insistió en que «lo que sí sabemos es que la salmonicultura marina es nociva, y eso basta para descartarla».
La referente ambiental recordó que el rechazo a las salmoneras trasciende fronteras: «En Noruega o Islandia, pese a sus regulaciones, hay ríos cerrados a la pesca y especies nativas desaparecidas. Es un problema mundial, y nuestra ley fue pionera». Destacó que el acuerdo contra la salmonicultura marina incluye a científicos, legisladores y sectores públicos: «Es un consenso que apela al desarrollo a largo plazo. Cada vez que resurge el tema, llegamos a la misma conclusión con más información».
En cuanto a las declaraciones del legislador Agustín Coto, quien promueve proyectos en tierra, De la Peña valoró el enfoque pero pidió no perder de vista el panorama completo: «Hablemos de acuicultura en general, no solo de salmones. Hay opciones como algas, mejillones o róbalos que enriquecerían la economía sin dañar el ecosistema».
Ante la posibilidad de modificar la ley 1355 para flexibilizar topes, la especialista fue clara: «Aumentar el límite podría ser una solución, pero el verdadero desafío es pensar en una acuicultura diversa y sostenible». Reafirmó el compromiso de su organización para aportar datos y colaborar en políticas públicas, aunque reiteró su oposición firme a cualquier avance de la industria en aguas fueguinas.
«Cuando hablamos de ampliar la matriz productiva, debemos hacerlo con una visión integral -concluyó Ángeles De la Peña-. La salmonicultura marina no es viable ni aquí ni en el mundo. Tenemos la oportunidad de elegir otro camino».
