El Gobierno nacional estableció por decreto el arancelamiento de servicios públicos para no residentes, deportaciones obligatorias por delitos y mayores exigencias para la residencia, argumentando sostenibilidad fiscal y seguridad nacional.
El presidente Javier Milei formalizó este jueves una transformación radical en la política migratoria argentina mediante el Decreto 366/2025, que impone el pago de salud pública y educación universitaria para extranjeros no residentes, junto con la expulsión automática de quienes cometan delitos. La medida, que modifica criterios vigentes desde hace décadas, desató debates inmediatos sobre su impacto social y legal, mientras algunas provincias anunciaron su disconformidad.
A partir de ahora, los inmigrantes con residencia temporaria, transitoria o en situación irregular deberán abonar por atención médica en hospitales nacionales, salvo en emergencias, y contar con seguro de salud para ingresar al país. En educación, las universidades públicas quedan facultadas -aunque no obligadas- a cobrar matrículas a quienes no tengan residencia permanente. El Ejecutivo sostiene que esto preserva la «sostenibilidad financiera» de ambos sistemas, citando datos como los $72.000 millones invertidos en 2024 en salud para extranjeros y el aumento del 130% en estudiantes universitarios foráneos desde 2015. Las provincias de Jujuy, Salta, Mendoza y Santa Cruz ya aplicaban modelos similares en salud, pero la norma federaliza el criterio.
El decreto elimina matices en las deportaciones: cualquier condena por delito -sin importar su gravedad- derivará en la expulsión del extranjero, incluso si la pena es suspendida. También se aplicará a quienes ingresen por pasos clandestinos o falseen información al migrar. Esta línea, más dura que la anterior (que exigía condenas superiores a cinco años), busca, según el Gobierno, «proteger la seguridad nacional» y evitar la reincidencia.
La reforma endurece los requisitos para acceder a la residencia permanente y la nacionalidad, aunque el texto no detalla los cambios específicos. Además, autoriza a rechazar en frontera a extranjeros con antecedentes penales y a expulsar en el acto a quienes crucen por zonas no habilitadas.
Mientras el oficialismo celebra la norma como un «ordenamiento necesario», la provincia de Buenos Aires, gobernada por la oposición,adelantó que mantendrá la gratuidad sanitaria universal. Las universidades, por su parte, tendrán autonomía para decidir el cobro de aranceles, lo que podría generar disparidades regionales. La educación primaria y secundaria, en tanto, seguirá siendo gratuita para todos los residentes.
Con esta decisión, Milei avanza en su agenda de ajuste estructural y control migratorio, aunque queda por verse su implementación práctica y los eventuales desafíos judiciales. El decreto llega en un contexto de creciente presión sobre los servicios públicos y debates globales sobre los límites de la asistencia estatal a no ciudadanos.
