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Río Grande
23 de junio de 2025

Por primera vez, un representante fueguino se expresó en contra del proyecto de ley

El plenario de comisiones en el Senado de la Nación, realizado ayer, suscitó interés y tuvo dos expositores relacionados con la provincia.

Uno fue el socio gerente del sanatorio privado más antiguo de Ushuaia -la Clínica San Jorge- el otro, el doctor Abel Albino, que ha visitado varias veces la provincia y que una de las delegaciones de su fundación “CONIN” funciona en Río Grande.

Albino tiene varios programas en conjunto con los Ministerios de Desarrollo Social y Educación financiados por el Estado.

En agosto de 2016, el Ministro del Interior Rogelio Frigerio anunció fondos por 12 millones de pesos para que la Fundación Dar Conin cuente con su propio edificio. Y hace poco más de un mes el gobierno provincial anunció un subsidio para dicha fundación.

Albino habló durante más de media hora y tuvo polémicas definiciones en cuanto al uso del preservativo y anticonceptivos. El pediatra aseveró que «Los preservativos no sirven contra el Sida», lo que provocó un murmullo general en la sala que terminó con la también doctora Mabel Bianco de pie, indignada: «¡Pero por favor doctor!», gritó, y se fue del salón Illia. Bianco, había hablado más temprano y había apoyado el dictamen aprobado en Diputados, ella está frente de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).

Consultado por una senadora sobre cómo prevenir los embarazos, Albino respondió «Corten la televisión, que es la escuela de la imbecilidad y la tilinguería. Antes era más fácil controlar a la familia, miramos todo el día obscenidades, hay que educarlos para el amor, no para el sexo animal».

Luego insistió con su posición sobre los preservativos: «Tienen que entender que el profiláctico no protege de nada. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el profiláctico no sirve absolutamente porque falla el 30% de las veces en el embarazo, imagínense lo que puede pasar con el SIDA… yo sería un irresponsable si no lo dijera»… Y culminó: «Que se casen temprano».

Más tarde llegó el turno de Carlos Sánchez Pósleman que se presentó “no solo como médico cardiólogo, sino también en mi rol de Socio Gerente del Sanatorio San Jorge, Institución Privada fundada por mis padres hace más de 42 años” según sus propias palabras.

Y que pidió se contemple modificar el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados para permitir la objeción de conciencia institucional que está prohibida y sancionada en el proyecto que se debate.

Comenzó haciendo una breve reseña del centro de salud con el objetivo desmentir que una institución como esa “es mucho más que cuatro paredes”.

Y agregó “entiendo que el tema en discusión es complejo, por todas las variables que lo atraviesan, y comprendo los desafíos que tiene nuestro país en las diversas materias de salud. Lamentablemente son muchas las carencias, y escasos los recursos, y por lo menos en nuestra querida provincia austral, tenemos claro que cualquier esfuerzo en este sentido es bienvenido”.

Prosiguió afirmando que de aprobarse el proyecto de interrupción legal del embarazo “debe resultar una perfecta aplicación, una Ley acabada y ejemplar; de lo contrario, se puede producir en la sociedad y las Instituciones Médicas un daño irreparable”.

“Independientemente de la posición personal que podamos tener sobre el tema, es poco serio como práctica normativa que pasemos de una situación actual –penar a un médico por realizar un aborto- a penarlo por no realizarlo. Creo que al respecto hay cierto consenso ya establecido. Se les está quitando a los médicos y a las Instituciones de Salud Privadas la posibilidad de elegir libremente, coaccionándonos bajo amenaza de sanciones de distinta índole, a realizar estas prácticas. Es decir, ahora se perseguirá al Profesional Médico, al Director Médico, y a la Institución” sostuvo en su alocución Sánchez Pósleman.

En este sentido sostuvo “entiendo que esta norma que desconoce la posibilidad de objeción de conciencia institucional me obligará, como cabeza de la Institución a la que represento, a tomar decisiones y acciones sin contemplar mis convicciones éticas o religiosas, ni la voluntad del grupo humano del que se compone. La objeción de conciencia institucional en orden a la práctica médica, debería tenerse en  cuenta porque el embarazo no es una patología, es un estado de salud, y su interrupción va más allá de los actos médicos contemplados en el ejercicio de la medicina que se desarrollan dentro del Sanatorio”.

“Por otro lado, desde un punto de vista médico, considero evidente que aquella mujer que no quiere tener hijos por razón de padecer algún mal, ya sea en su cuerpo o su mente, o cualquier otra causal que generaría para ella un embarazo arriesgado, se le debería proveer de la información contraceptiva adecuada. Además, por supuesto, es fundamental que dicha mujer conozca los riesgos y complicaciones, inmediatos o mediatos, que puede ocasionar la práctica abortiva, ya sea en su capacidad reproductora, o detrimento de su salud, y hasta en la vida de la mujer”.  Y agregó “entendemos que la ley falla al no permitir a los médicos siquiera mencionar estos temas”, sin embargo, también sostuvo “con el noble fin de preservar el bienestar futuro de la mujer entendemos que el aborto en si es la última opción posible”.

Dijo también que “el Proyecto establece un derecho a la objeción de conciencia restrictivo que, en la práctica, restringe al mínimo la objeción de conciencia institucional, nos niega la libertad de expresión, abriendo la puerta a la amenaza penal y la discriminación laboral. Les pedimos de modo explícito que no se penalice a los objetores de conciencia institucional, ya que sería una gravísima violación a nuestros derechos”.

Y cerró pidiendo “no aprueben este Proyecto tal y como está ahora, pero si realmente creen que es necesario para la sociedad (…) modifiquen lo que consideren oportuno”.

Hay que recordar que si el proyecto se modifica – si por ejemplo los senadores permiten a los sanatorios privados no cumplir una ley que si se cumplirá en el ámbito público – deberá volver para su debate a la cámara de diputados, pasando antes por el trabajo en comisiones y luego nuevamente por el recinto.

 

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