En el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, expresó con preocupación las posibles repercusiones letales de la modificación de leyes ambientales a través del decreto de necesidad y urgencia gubernamental o de la Ley Ómnibus. Representando a más de 100 organizaciones, su intervención buscó llamar la atención sobre la necesidad de un debate serio y profundo sobre la cuestión ambiental.
En sus palabras, pronunciadas en FM Master’s, Nápoli cuestionó la aparente contradicción entre debilitar las normas de protección ambiental y la lucha contra la inflación y el déficit fiscal. Destacó la importancia de cumplir con las exigencias ambientales internacionales para asegurar la exportación de productos agropecuarios, señalando que la normativa ambiental es un requisito primordial para los mercados internacionales.
La Ley de Glaciares ocupó un lugar destacado en la intervención de Nápoli. Hizo referencia a la doble sanción de la ley, primero vetada por el gobierno de Cristina Kirchner a solicitud del sector minero, y luego impugnada judicialmente en reiteradas ocasiones. Nápoli enfatizó que modificar esta ley sería un «error violento» y advirtió sobre la fragilidad de los ecosistemas locales.
El director ejecutivo llamó a los diputados a discernir entre medidas urgentes y aquellas que demandan un análisis más detenido. «Esto no puede darse en 10 días», subrayó, destacando la necesidad de considerar elementos técnicos y la opinión de comisiones especializadas.
En cuanto a la participación en el plenario, Nápoli mencionó que la mayoría de los partidarios del proyecto estuvieron presentes de forma presencial, mientras que otros participaron virtualmente. A pesar de las limitaciones, la intervención fue bien recibida, según los comentarios recibidos.
En resumen, la intervención de Andrés Nápoli y las organizaciones que representa enfatiza la importancia de un debate cuidadoso y detenido sobre las modificaciones ambientales propuestas por el gobierno, instando a los diputados a considerar las graves consecuencias a largo plazo para el medio ambiente y la economía nacional.
