Aníbal Lazzaroni criticó la ausencia estatal tras conocerse intercambios entre alumnos sobre tiroteos y suicidio, mientras reclamó políticas públicas urgentes más allá de las escuelas.
La ciudad de Río Grande enfrentó una situación de extrema gravedad la semana pasada cuando se conoció que estudiantes de segundo año intercambiaron mensajes por WhatsApp aludiendo a un posible tiroteo escolar, lesiones graves e intentos de suicidio.
El especialista en ciberdelitos Aníbal Lazzaroni analizó el caso en FM Master’s, destacando que el episodio se generó a través de mensajes de WhatsApp, “donde efectivamente los alumnos empezaron a hacer una serie de comentarios que tenían que ver con tres factores fundamentales, importantes y graves: el uso de armas, generar lesiones graves y intentos de suicidio».
El origen del conflicto, según Lazzaroni, radicó en el ámbito privado: «Un padre detecta el mensaje y empieza la cadena con los padres. Los mensajes se hacen con equipos privados que entregan los padres, en una aplicación privada y fuera del horario de la escuela». Pese a ello, la comunidad recurrió inicialmente al establecimiento educativo, lo que el experto cuestiona: «La escuela no está totalmente preparada para una situación de este tipo, para el abordaje de una situación donde se está hablando de armas o suicidio».
El núcleo de su crítica apunta a la desarticulación estatal: «El problema más grave es que los organismos intermedios del Estado no están haciéndose presentes. El juzgado (de menores) no le puede derivar únicamente a la escuela el seguimiento de lo que pasa. Los operadores de Corresponsabilidad tienen que ver esta situación». Lazzaroni fue contundente al prever la falta de consecuencias: «Para esto no va a haber sanción. No va a haber seguimiento por parte del Estado. ¿Alguien entrevistará a las familias? ¿El juzgado tendrá intervención? El problema va más allá de allanar teléfonos».
Ante la edad de los implicados -13 y 14 años-, enfatizó la necesidad de apoyo familiar y estatal: «¿Qué apoyo le estamos dando a la familia? Trasladamos la falta de valores de las casas al ámbito escolar. A las familias fueguinas nadie les da una mano cuando están sobrepasadas». Rechazó cargar responsabilidades en las escuelas, ya saturadas de funciones: «Hemos subvertido roles: hoy es el primer hogar, donde los chicos comen, se nutren y reciben atención clínica. Pero no podemos pedirles que solucionen esto. Los organismos específicos deben intervenir».
Sobre las políticas públicas, fue categórico: «No tenemos políticas serias en violencia digital ni educación sexual integral, que incluye ciberdelitos. Llenamos oficinas con gente que ‘pseudo-trabaja’, pero a la trinchera escolar no llegan equipos». Citó como ejemplo la ley 1.271 contra el grooming, que él mismo impulsó: «Se derivaron fondos a Derechos Humanos para folletos mal hechos. No se implementa; en la provincia no se ocupan».
Finalmente, llamó a las familias a asumir controles: «Los padres deben educar y ajustar controles parentales. No podemos permitir daños cognitivos por exceso de pantallas». La advertencia de Aníbal Lazzaroni cerró con tono urgente: «La semana pasada hubo un intento de suicidio por simpatía entre dos niñas. Minimizar eso me enoja: estamos hablando de niños donde el Estado no está presente. Estas secuelas quedan en nuestros chicos».
