Tras años de resistencia, de proyectos planchados sin debate, de comisiones sin consensos y hasta pronunciamientos judiciales a favor, hoy Uber tiene un lugar en la agenda política.
La plataforma es hoy más una realidad indiscutida, que una amenaza. Han pasado largos cuatro años desde que, en las ciudades de la provincia, Uber dijo presente y comenzó a ganar terreno y aceptación entre usuarios y particulares que buscaban “una changa”.
Con la resistencia de algunos sectores- principalmente taxis y remises- y el apoyo político de varios actores, diversos proyectos fueron presentados mas no superaron la labor parlamentaria o el simple estado parlamentario; algunos inclusive sin siquiera tratamiento legislativo.
Uber es más una realidad indiscutida que una amenaza
Sin quitarle certeza a esta frase deberíamos agregarle, Uber es hoy también una oportunidad. Esta modalidad de transporte arribó a la Argentina hace alrededor de 10 años y, si bien es típica de las ciudades turísticas como Ushuaia, en Tierra del Fuego se ha esparcido por toda la provincia. A los empujones y con lentitud, este servicio acapara hoy casi toda la demanda de transporte privado.
Si bien su legalidad fue duramente cuestionada, fiscalizada por tránsito con altas multas sostenidas por los juzgados de faltas, la justicia fueguina supo pronunciarse a su favor en dos marcadas ocasiones. Pese a estos pronunciamientos los sectores involucrados siguieron presionando y la política mirando para otro lado.
Nuevo rumbo
Sin embargo, durante la jornada del martes, dos grandes hechos podrían marcar un nuevo rumbo en esta historia. El primero de ellos es una reunión de propietarios de taxis y remises en la que se solicita una audiencia con el ejecutivo municipal de Rio Grande al considerar que “ya no se puede sostener esta competencia”. No están en contra de la aplicación, pero requieren su regulación para tener igualdad de condiciones. El segundo hecho es la declaración, en una entrevista radial con FM Aire libre, del Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, quien afirmó: “vemos necesario que el Consejo Deliberantes discuta la reglamentación de las aplicaciones móviles”.
Parece que, al fin, la realidad sacude la agenda política.
