Por Silvana Minue. La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) seccional Tierra del Fuego presentó un proyecto de ley que propone modificar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado seleccionar y remover a los jueces provinciales.
El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) seccional Tierra del Fuego, Luis Bechis explicó en FM MASTER`S que, durante la jornada del viernes, se presentó un proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura que busca resumir el trabajo realizado por distintas instituciones provinciales y nacionales que se abocaron al estudio sobre la democratización del organismo provincial de selección y remoción de jueces.
El gremialista, remarcó la postura del gremio fue y será «la misma» en relación con aumentar el número de magistrados en la corte fueguina. «Desde el primer día dijimos que no es oportuno hacerlo y hay otras necesidades antes para darle una mejor justicia al pueblo», dijo.
La discusión del proyecto oficial que fue debatido semana atrás, «fue muy rápida y llaman la atención los tiempos, pero es la cuestión de la política y seguimos sosteniendo que ya están determinados quien accederá a los cargos y no vamos a compartir la situación de esta manera».
«Presentamos algo que puede ser posible, y puede ser aprobado en poco tiempo que abarca que haya una mesa examinadora de jueces se componga con profesores universitarios, constitucionalistas, doctrinarios de reconocida solvencia académica, y un magistrado provincial con cinco años de antigüedad en la función.
Esta selección de los postulantes será «importante», calificó Bechis «para empezar a decir que se designará a alguien que cumplirá con los requisitos y la capacidad que la provincia se merece».
Consultado en que modificaría al Consejo de la Magistratura, apuntó que «hay hacer algún tipo de modificación para que la ciudadanía crea en una justicia mejor y que le de soluciones al pueblo, en estos tiempos difíciles de pandemia. Lo que presentamos puede prestigiar más la selección de jueces».
«Nos preocupa que en la Comisión Nº6 de Legislatura los temas Ampliación de la corte y Ampliación del Ministerio Publico de defensa se aprobó de una manera rápida, pero se olvidaron del Ministerio de Público Fiscal, no se tuvo en cuenta. Debería haber crecido de igual manera del ministerio de defensa, pero tiene grandes problemas en llevar adelante todo lo que es delito y fragancias, y se merece en una ampliación», remarcó.
Asimismo, aseguró que lo presentado «sigue sosteniendo que se necesita un cambio que de la garantía que la política no va a decidir quiénes son los individuos que ingresarán como miembro del Superior Tribunal de la Justicia».
Que dice el proyecto
La iniciativa es una modificación de la Ley 8 que propone “actualizar los distintos procedimientos y adecuarlos a los criterios actuales de objetividad, igualdad de oportunidades, equidad de género, transparencia y responsabilidad”. Así los jueces deberían ser elegidos mediando un concurso público de oposición y antecedentes, dividido en tres etapas: Evaluación de antecedentes, Prueba de oposición escrita y oral y Entrevista personal.
De esta forma, los postulantes serían evaluados con un máximo de cien puntos, a los que podrían acceder por sus antecedentes (30 puntos), por la entrevista (30 puntos) y por una prueba de oposición (40) puntos.
Para el examen técnico, se debería conformar un Jurado Examinador ad hoc, integrado por tres miembros, dos docentes universitarios que hayan sido designados por concurso en facultades de Derecho y Ciencias Sociales de Universidades Nacionales, o doctrinarios de reconocida solvencia académica, y un magistrado provincial con cinco años de antigüedad en la función, de igual o mayor jerarquía, electo por sorteo de una lista de inscripción voluntaria.
Con posterioridad a la evaluación, se realizaría una orden de mérito, que resultaría “de la suma del puntaje obtenido por cada concursante en la prueba de oposición y en la evaluación de antecedentes”.
Luego se convocaría a la entrevista personal “a los postulantes que hubieren obtenido un mínimo de cuarenta puntos (40) de calificación en la evaluación de antecedentes y prueba de oposición”.
Además, para la etapa de la entrevista, el Consejo debería designar “dos representantes de las organizaciones sindicales de los empleados del Poder Judicial y dos ciudadanos voluntarios Ad hoc, uno por cada distrito”.
“Al finalizar las entrevistas, los consejeros y los dos representantes sindicales y ciudadanos, en igualdad de condiciones, asignarán el puntaje obtenido con un máximo de treinta (30) puntos para cada postulante y se labrará la correspondiente acta”, señala el proyecto.
Después de realizadas las entrevistas, los consejeros elaborarían en sesión un dictamen en el que conformarán una terna de candidatos a cubrir el cargo concursado, con un orden de prelación en función de las evaluaciones efectuadas.
El proyecto también establece que los dos abogados integrantes del Consejo de la Magistratura se elegirían entre sus pares de la matrícula (no como ahora que también votan los funcionarios judiciales).
