El caso fue derivado a la Justicia Provincial al considerar que los hechos denunciados no afectan intereses federales. La jueza Borruto fundamentó la decisión en el carácter local de la entidad y sus implicancias.
En un fallo que marca un giro procesal en la investigación por presuntas irregularidades en la Cooperativa de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Río Grande, la Justicia Federal se declaró incompetente para tratar la denuncia contra sus directivos, remitiendo el caso a la órbita provincial. La decisión, adoptada por la jueza federal Mariel Borruto, se basó en el análisis de que los hechos imputados no comprometen intereses nacionales ni competencias federales, sino que se circunscriben al ámbito local.
La denuncia, presentada el 17 de junio de 2025 ante la Fiscalía Federal y radicada dos días después en el Juzgado de Borruto, acusaba a altos directivos de la cooperativa de malversación y desfalco.
Sin embargo, tras la solicitud del Ministerio Público Fiscal, la magistrada determinó que la naturaleza de la entidad -su constitución, gestión y control- es exclusivamente regional, así como los eventuales perjuicios generados. Incluso, en caso de haber recibido fondos nacionales, señaló que el impacto recaería sobre el patrimonio de la cooperativa y sus asociados en Río Grande, no sobre el Estado federal.
La resolución subraya que no existe intervención judicial alguna sobre la cooperativa en el Juzgado Federal, descartando así rumores sobre una posible toma de control externo. El expediente fue derivado al Juzgado de Instrucción provincial correspondiente, donde deberán investigarse las acusaciones.
La causa retoma ahora su curso en un nuevo ámbito, con la atención puesta en cómo procederá la Justicia provincial de Tierra del Fuego.
