El viernes pasado, la gobernadora decretó “la no percepción de los incrementos salariales que correspondan por aplicación de la ley provincial 885, a partir de la pérdida de vigencia del artículo 14 de la ley provincial 1068”.
Esto significa que los funcionarios electos y designados del Poder Ejecutivo Provincial, entes autárquicos y descentralizados no percibirán el aumento en sus remuneraciones, como lo había dispuesto la ley provincial.
El decreto alcanza a la Mandataria, el Vicegobernador, funcionarios y personal de planta política del Poder Ejecutivo y de los entes autárquicos y descentralizados. La medida es en el marco de la situación económica que atraviesa la provincia.
El decreto 3705/17 indica que “atento la complicada situación económica que atraviesa la Provincia, y que no se cuenta con recursos financieros suficientes, se estima conveniente, como medida de autolimitación, establecer la no percepción por parte de toda la planta política de la Administración Central y de los entes autárquicos y descentralizados, de los incrementos salariales que corresponden por aplicación de la ley 855(…)”.
La fórmula de actualización contemplada en la ley 855 -promedio de los salarios de los Intendentes de Ushuaia y Río Grande más un 5%, hubiera implicado un aumento del orden del 20%. Sin embargo, a partir de esta decisión, el sueldo de la Gobernadora seguirá siendo de 85.700 pesos mensuales, por debajo de los intendentes y de cerca de 300 empleados de los distintos poderes del Estado que perciben más de esa cifra.
