Según el Ministro de Trabajo provincial, Marcelo Romero, “desde el 2017 a esta parte debe haber unos 8 sumarios respecto de esta empresa, en algunos se esos sumarios, se llegó a una multa o a una sanción. Es una empresa que siempre ha presentado conflictos de carácter laboral”.

Este martes, 9 otros nueve empleados de la empresa de maestranza, que es contratista del estado, fueron despedidos. Desde el CECU manifestaron que las cesanteados participaron en las sucesivas manifestaciones que se llevaron a cabo en distintos edificios públicos provinciales.

“Es un tema que aparenta ser complejo pero que no tiene alcance de tipo laboral. Es una situación entre organismos del estado provincial y otras dependencias de gobierno a partir de la tercerización de la limpieza, con la empresa DNZT”, explicó Romero por FM Masters.

Según Romero, “la ley que rige la actividad de las entidades gremiales establece los alcances y las competencias que cada jurisdicción en materia laboral tiene. Cuando se trata de una cuestión de encuadre convencional, corresponde al empleador y es vía judicial, en todo caso, si fuera en sede administrativa tendría que corresponderle al ministerio de trabajo de nación”.

“El otro problema que vemos es el encuadre sindical, cuando en dos asociaciones se discute una rama o un grupo de una misma empresa, sí puede ser por la vía administrativa, pero siempre corresponde al ministerio de trabajo de nación, no obstante, estamos llamando a audiencias laborales a la empresa de limpieza con sus trabajadores”, informó el ministro.

“Hay presentaciones del CECU y del CEC, pero seguramente esta cuestión va a ir al ministerio de trabajo nacional porque la jurisdicción local no tiene competencia en el tema. Ni los empleados de AREF ni las sedes de salud están en conflicto, de hecho, todos los piquetes se hacen fuera del ámbito de los edificios públicos donde se plantea el conflicto”, señaló.

Según Romero, “más allá de resolver estas situaciones, habría que poner alguna cláusula que indique que cuando se tercericen estas empresas, el trabajador quede en relación de dependencia concreta y se establezcan cómo van a ser los modos de aplicación. Sino vamos tener siempre conflictos”.

Y agregó: “Este conflicto, que tiene que ver con distintos gremios, tiene antecedentes de hace seis años atrás y nunca se dirimió en la jurisdicción nacional o en todo caso, haberse judicializado en los tribunales es locales. En todos los ámbitos se puede recurrir a la vía administrativa o judicial”.

Durante el conflicto en Textil Río Grande, Romero había sugerido la propuesta de que el Ministerio de Trabajo integre el Área aduanera especial, para poder poner voz acerca de las condiciones de las empresas favorecidas por el subrégimen industrial, pero que no cumplen con los trabajadores. Pero la propuesta no prosperó.

“Hay muchas empresas que ganan las licitaciones y tiene conflictos laborales. A raíz de esto comenzamos a trabajar en una nueva ley de policía de trabajo, donde hemos puesto una clausula donde decimos que aquellas empresas en conflicto o con deudas de carácter laboral, el ministerio de trabajo debe informar al ministerio de economía a efectos que sea tenido en cuanta al momento de la licitación. Cuando hayan sido sumariadas o multadas, ese elemento debe ser tenido en cuenta a la hora de adjudicar”, explicó el ministro.

“No sé si después tendrá un punto más o un punto menos. Cuando se trate de una empresa industrial, la información tenemos que elevársela al área aduanera especial”, agregó.

Y se refirió al caso Ambassador: “muchas empresas logran obtener los certificados de exportación de sus productos cuando les están debiendo a los trabajadores. El estado debe ser unísono respecto de las políticas que se llevan adelante para garantizar la no conflictividad de estas empresas”.