En un fallo unánime, el máximo tribunal confirmó la sentencia por fraude en la causa Vialidad, lo que impide a la expresidenta postularse a cargos públicos y la obliga a presentarse ante la justicia en cinco días.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes, en una decisión histórica, la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. El fallo, respaldado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, cierra así el proceso judicial y consolida la primera condena firme por corrupción contra un expresidente en democracia.
La sentencia, originada en el Tribunal Oral Federal N°2, responsabiliza a Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, al considerar que favoreció al empresario Lázaro Báez en la adjudicación irregular de 51 obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015. El tribunal ordenó que la vicepresidenta se presente ante la justicia en un plazo de cinco días hábiles y solicitó al Ministerio de Seguridad que disponga un lugar para su eventual detención. No obstante, debido a su edad (72 años), podría solicitar el arresto domiciliario.
La decisión impacta de lleno en el escenario político: Cristina Fernández, principal referente opositora al gobierno de Javier Milei y líder del Partido Justicialista, queda excluida de la competencia electoral, frustrando sus aspiraciones de candidatearse en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre. Desde la sede del PJ, la expresidenta calificó el fallo como un «triunvirato de impresentables» y lo vinculó a un «cepo al voto popular», en un mensaje dirigido a sus seguidores.
El máximo tribunal rechazó los argumentos de la defensa, que buscaba anular la condena, y destacó que el proceso respetó las garantías constitucionales. «Las sentencias se basaron en prueba abundante y en la ley vigente, sin vulneraciones al debido proceso», sostuvieron los magistrados. Además, desestimaron el pedido de la fiscalía de agravar la pena por asociación ilícita, manteniendo la absolución en ese punto.
La causa, iniciada por una denuncia de Elisa Carrió en 2016, demostró que el holding de Báez solo completó 27 de las 51 obras licitadas, con sobreprecios y demoras. Los jueces consideraron clave el decreto 54/2009 -firmado por Fernández de Kirchner-, que modificó un fideicomiso vial y facilitó, según la justicia, un esquema de opacidad en el manejo de fondos.
El fallo consolida también las condenas a otros imputados, como Báez y exfuncionarios, mientras absolvió a Julio De Vido. Con esta decisión, la Corte cierra un capítulo judicial de alto impacto político, reafirmando los límites de la impunidad en casos de corrupción. Mientras el oficialismo celebra el fallo como un triunfo institucional, el kirchnerismo se prepara para una batalla política, denunciando «persecución judicial».
