La Prefectura Naval controlará embarcaciones en puerto y alta mar para detectar explotación laboral y tráfico humano, en el marco de una estrategia ampliada contra el crimen organizado en aguas argentinas.
El Ministerio de Seguridad de la Nación puso en marcha un protocolo específico para prevenir y detectar casos de trata de personas y explotación laboral en buques pesqueros extranjeros que operan en aguas argentinas. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, otorga a la Prefectura Naval Argentina facultades para inspeccionar estas embarcaciones tanto en puerto como en navegación dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), con el objetivo de identificar posibles víctimas, preservar su integridad y derivar las denuncias a la Justicia federal.
La resolución profundiza los lineamientos establecidos en 2018 para combatir la trata en vías fluviales y marítimas, ampliando el enfoque más allá de la pesca ilegal, otro de los flagelos que afectan al Mar Argentino. Según organizaciones internacionales, cada año se registran alrededor de 128.000 casos de explotación en buques pesqueros a nivel global, muchos de ellos vinculados a flotas asiáticas y latinoamericanas. ONGs como OceanoSanos han documentado situaciones extremas, como el hallazgo de cadáveres de tripulantes asiáticos en puertos como Montevideo, utilizado frecuentemente por buques de bandera china.
Martín Verrier, secretario de Lucha contra el Narcotráfico, detalló que los controles incluirán revisiones de documentación, condiciones de trabajo y entrevistas abiertas a la tripulación para detectar indicios de coerción. «Se evaluará si los marineros pueden moverse libremente, si hay retención de salarios, abusos físicos o verbal, o si fueron reclutados mediante engaños», explicó. Entre las prácticas habituales denunciadas figuran jornadas extenuantes sin descanso, contratos incumplidos y aislamiento prolongado en alta mar.
El protocolo también establece un procedimiento claro para los casos positivos: los efectivos deberán garantizar la protección inmediata de las víctimas y notificar al Comité de Rescate del Ministerio de Justicia y a los tribunales federales. La medida busca frenar un delito que, según la resolución, se ve facilitado por la lejanía de los controles jurisdiccionales y las barreras idiomáticas.
Un episodio emblemático ocurrió en 2022, cuando un mensaje de auxilio dentro de una botella, lanzado por un tripulante del buque chino Lu Qing Yuan Yu 765, reveló condiciones de encierro y explotación. Aunque las autoridades uruguayas no hallaron irregularidades penales, el caso expuso la vulnerabilidad de estos trabajadores. Ahora, Argentina busca evitar que historias similares queden impunes en sus aguas.
