Por Silvana Minue- El gremio Unión de Empleados Judiciales de la Nación seccional Tierra del Fuego envió una nota y un proyecto a la presidenta de la Legislatura de la Provincia para que la ciudad riograndense sea declarada “en estado de desastre mayor” debido a la realidad que se vive por la creciente aparición de COVID-19.

El secretario de la UEJN, Luis Bechis explicó a TIEMPO FUEGUINO que la petición se enmarca en el marco de la pandemia. “Está muy complicado la situación del virus en Río Grande, comparados con otros lugares del mundo está teniendo un alto porcentaje de contagios”, apuntó.

En este sentido advirtió que está en jaque el sistema sanitario. “En lo personal vengo solicitando más leyes que tengan que ver con la asistencia a todo el sistema de salud. Debemos tomar medidas en la prevención. Al prevenir en Río Grande después podemos prevenir Tolhuin que es una comunidad muy chica y no está condicionada en la asistencia”.

La carta enviada al Poder legislativo hace un análisis al Poder Político en Tierra del Fuego en el contexto económico, en que “las respuestas han sido magras, y lo que es peor, algunos intentan en el contexto dramático que atravesamos, cursar atajos, apropiándose de cargos innecesarios, aumentándose fastuosamente salarios o creando una planta política cuya dimensión irrita en la actual situación”. Sobre ello Bechis indicó que se “hay que tomar las prevenciones y encauzar la economía para que se brinde calidad de salud y de seguridad con los recursos nacionales, provinciales y municipales también”.

Por último, subrayó que “la ciudad de Río Grande está colapsada en el sistema sanitario y económicamente debe ser asistida”, remarcada. Aclaró que no es una cuestión de ataque político. “Sino que somos parte de una sociedad que está preocupada, no queremos que la ciudad este aislada sino cuidada y por debemos llevar este tipo de medidas”.

EL PROYECTO

Bajo la premisa de que: “La ciudad de Río Grande atraviesa un desastre. Y lo peor que puede pasarnos, es que se naturalice la tragedia. Lo que resulta verdaderamente irrazonable es que el Estado imponga prioridades al grueso de la población, y se desentienda luego en las propias. Aumentos exponenciales de sueldo, ampliación de vacantes, fastuosidad o lujos, no son hoy posibilidades admisibles para lograr concitar la adhesión y el consenso sobre las políticas públicas que exige la hora”, sostienen desde la UEJN. Por ello piden que se declaración de Estado de Desastre Mayor: Cuando se produzca un fenómeno adverso de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria que supere los niveles de respuesta del Sistema de Protección Civil de la Provincia,  el Gobernador deberá declarar en estado de “Desastre Mayor”, a parte o a la totalidad de la jurisdicción provincial, municipal o comunal y requerir apoyo del Poder Ejecutivo Nacional por el lapso de TRES (3) meses, prorrogables por igual término por parte del Poder Ejecutivo Provincial.

También, propone que, durante el plazo establecido, se priorizarán todas las acciones, medios, instrumentos y recursos a disposición del Estado Provincial a atender las consecuencias sanitarias, económicas y sociales producidas en especial en jurisdicción de la ciudad de Río Grande, así como las indirectas que atraviesa la Provincia en su totalidad.

Entonces durante el período establecido en el presente, se prohíben los incrementos de planta de personal de los tres poderes del estado provincial, organismos autárquicos o descentralizados. Asimismo, se suspenderá la aplicación de la ley 855, no pudiendo aumentarse, bajo ningún concepto, las dietas de los funcionarios comprendidos en dicha norma. Las partidas presupuestadas para vacantes y salarios de funcionarios que se encuentren suspendidas, se aplicaran durante el tiempo de vigencia a financiar la asignación no remunerativa establecida en el presente.