Por Fabiana Morúa.- Clara es el pseudónimo que eligió una mujer que tuvo que amamantar a su beba de meses en una plaza de Ushuaia, a comienzo de año, y hace menos de una semana tuvo que acatar un nuevo régimen comunicacional.
Clara es empleada judicial. “Jamás hablé porque tenía miedo de perder mi trabajo, pero se está yendo todo de las manos. Hoy estoy desesperada, pedí una protección de persona en el Juzgado de Familia y todavía no resolvieron nada”.
“Estuve cumpliendo con el régimen comunicacional. Desde febrero que me mandaron a amamantar a Ushuaia por una disposición de un juez penal. Debería intervenir un juez de familia, tengo un régimen comunicacional apelado porque un juez me ordenada que tenía que entregar a mi hija personalmente en el shopping, por si había nuevos hechos de violencia y sean vistos por más personas, que no sea solo la familia”.
“Mi hija, para aquel entonces, no caminaba. Entonces el juez me exponía a que vaya a darle a la nena personalmente. El padre, empelado judicial, fue a la policía a denunciarme y hacer exposiciones por impedimento de contacto. Imaginate como me armaron la causa penal”.
Cuando comenzó la pandemia y la cuarentena obligatoria en marzo de 2020, “el padre tenía una exclusión del hogar, la cual conseguí después de haber denunciado 4 veces por violencia de género, pero el juez me obligaba a vivir en la casa con él. Llegaba de la comisaría a la madrugada con 2 policías para sacar los pañales de mi hija de la casa y me tenía que ir; después de denunciarlo”.
“Hace 2 años estoy con todo esto, estoy tan cansada de hablar con políticas de género de la provincia, de la municipalidad de Río Grande y Ushuaia, de Nación. Me han llamado de varias organizaciones, se han cansado de escucharme, me dijeron que me iban a ayudar, jamás me dieron una mano”, describió.
Sostuvo que, “cuando pasó la primera cuarentena, él tenía la exclusión de hogar; entonces, el juez ordenó que, como yo me encontraba en Río Grande y él estaba Ushuaia porque dijo que vivía de prestado, lo autorizó nuevamente a ir al domicilio. Lo hace bajo la condición que, cuando yo retornara a Ushuaia, él tenía que hacer abandono de la casa 24 horas previas; estábamos en plena pandemia”.
A su vez, Clara estaba excluida de trabajar, porque estaba dentro del grupo de riesgo porque amamantaba. Después de unos meses se levanta esa restricción. “A él lo tuve que notificar mediante carta documento para que haga abandono de la casa y eso lo cumplí. Es así como me dispongo a viajar un sábado dado que el lunes ingresaba a trabajar”.
“Cuando llego a la casa, él se encontraba atrincherado con su familia, con menores; llegué como a las 11 de la mañana y me tenía que encontrar con la casa vacía. Finalmente, lo logra sacar la fuerza pública a las 23 horas. Estuve en el auto con mi bebé desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, esperando que saquen al padre de la casa; tampoco podía irme a algún hotel porque estaba todo cerrado”.
Clara manifestó que “él no se quería ir, se rehusó, incluso tuvo inconvenientes con la policía y por el nivel de violencia que había suscitado ese día, la policía le solicitó al juez que me ponga consigna policial por 10 días en la puerta de mi casa. El mismo día que me levantaron la consigna policial, el juez me manda una notificación diciendo que siga cumpliendo con el régimen comunicacional que estaba establecido. Me negué y pedí, por favor, que revean la modalidad. El juez me intimó con una multa de $5000, apelé y volví a pedir que revean mi situación. Me ponen otra multa y me embargan el sueldo por $40.000 –el año pasado-. Apelo a esa circunstancia y, desde el año pasado hasta ahora, la causa del régimen comunicacional está en Cámara de Apelaciones, todo lo que sale es un incidente de lo que hay”.
“Mientras yo apelo a estas circunstancias por las multas, se suceden nuevos hechos de violencia. El juez de familia tiene todas las denuncias por violencia de género; tiene causas de violencia de género de su primera mujer”.
Luego de una nueva serie de hechos en los que se vio involucrada con su expareja, Clara afirmó que “no le impido el contacto con mi hija, quiero que la revinculación sea lo más sana posible””.
Actualmente, se encuentra viviendo en la casa de su madre con su hija. En Ushuaia dejó todo, su casa, su auto; el padre de la nena se quedó con todo: “Estuve legalmente casada con él, todas las acciones de violencias que hizo fueron para sacarme de la casa y que yo me fuera. Este fin de semana, seguramente, bajo las condiciones que el juez me impuso y caprichosamente pidió el padre voy a tener que hacer entrega de mi hija porque ni de oficio han velado por el interés superior del niño y como madre me encuentro atada de todos lados”; concluyó.
