El proyecto de ley que prevé la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo obtuvo dictamen de mayoría tras finalizar el último plenario de comisiones del Senado, en el que los y las senadoras escucharon durante 3 días a 60 expositores a favor y en contra de la propuesta del Poder Ejecutivo.
Norma Durango, la presidenta de la Banca de la Mujer, quien conduce el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Salud, agradeció “el debate serio, responsable y respetuoso” que se dio en el Senado pese “a las diferencias” y anunció que el tema sería llevado al recinto el 29 de diciembre.
Finalizada la audiencia del jueves, el texto fue pasado a la firma y obtuvo firmas a favor, 2 de ellas con disidencias, la de los senadores Ernesto Martínez (Cambiemos) y de Edgardo Kueider (Frente de Todos).
También firmó a favor la patagónica Silvina García Larraburu, quien en 2018 había votado en contra de la propuesta de legalizar el aborto.
Entre los firmantes están Norma Durango, Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Guadalupe Tagliaferri, Alfredo Luenzo, Ana Almirón, Daniel Lovera, Mariano Recalde, Maria Eugenia Catalfamo, Juan Pais, Eugenia Duré, Gladys González, Nancy González, Ana Ianni, María Pilatti, María Sacnún, Silvia Sapag, Pamela Verasay, Beatriz Mirkin y Nora Giménez.
La propuesta de legalización del aborto había sido rechazada en el Senado en 2018, cuando no llegó ni siquiera a tener las adhesiones necesarias para la emisión del dictamen de mayoría, por ello, el paso dado en comisiones fue considerado un dato positivo por los senadores del sector “verde” que buscan respaldar la sanción dada por la Cámara de Diputados.
Senadores del sector “celeste” que se oponen al aborto lamentaron el tratamiento de la iniciativa por considerar que “había temas más importantes para debatir como la pobreza y la pandemia de coronavirus”; por entender que la propuesta “promueve” la realización de abortos en desmedro de la educación sexual para la prevención de los embarazos no deseados.
El presidente de la comisión de Justicia, el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, declaró que “no se trata de tener consenso en todo y de que no haya diferencias” ya que “la democracia significa que se resuelvan esas diferencias a través del voto”.
Su par de Salud, el radical Mario Fiad, opinó: “Más allá del tratamiento en sí queda claro que no se agotó el debate” sobre el tema “en ningún rincón del país” porque se trata “del derecho humano primario y fundamental” y consideró que se empezó “por el final” porque antes que el aborto debía discutirse cómo terminar con la pobreza.
Durante la jornada hubo tensión entre senadores del oficialismo que, por primera vez, aparecen enfrentados en el tratamiento de una iniciativa del Poder Ejecutivo.
El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, volvió a reprocharle a su compañera de bancada, Durango, cierta “imparcialidad” a la hora de dar espacio para las exposiciones de quienes abogan por aprobar la norma, algo que la legisladora pampeana rechazó y calificó de “injusto”.
Antes de la emisión del dictamen, cuando aún hay senadores que no hicieron público su voto de cara a la sesión del 29, el senador de Cambiemos Juan Carlos Marino ratificó que votará en contra.
Asimismo, la senadora del oficialismo, Nancy González expresó estar convencida de que “esta vez” el proyecto “será ley” para evitar las muertes de mujeres por abortos clandestinos en Argentina.
El senador del Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilnek, adelantó su respaldo, pero en disidencia ya que se manifestó en desacuerdo con artículos vinculados a la objeción de conciencia y a los plazos para someterse a la práctica.
Durante la ronda de expositores, el exministro de Justicia, Rodolfo Barra se refirió a expresiones del ministro de Salud, Ginés González García, según las cuales si se considerara niño al embrión en el primer trimestre “estaríamos en presencia de un genocidio” y opinó que, “técnicamente, no es un genocidio, pero si una terrible acción de mortandad serial”.
El exsenador Eduardo Menem, convencional constituyente en 1994, consideró que el proyecto “es totalmente inconstitucional porque rompe la armonía que debe existir en un sistema jurídico y trata de establecer que la vida comienza en la semana 12, cuando el Código Civil mantiene que es a partir de la concepción”.
