El Gobierno suprimió el formulario CETA, obligatorio en transferencias de autos usados, argumentando avances tecnológicos y convenios de intercambio de información. La medida se da en medio de controversias sobre los registros del automotor.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció la abolición del «Certificado de Transferencia de Automotores» (CETA) mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. Este formulario era requisito en la compra y venta de vehículos usados en Argentina.
El formulario CETA era un trámite obligatorio exigido por la AFIP para registrar el traspaso de dominio de vehículos usados, aplicable a operaciones donde el valor del automóvil superara los 10.919.766 pesos argentinos. Su eliminación se basa en “los avances tecnológicos y los convenios de intercambio de información” entre la AFIP y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios.
Florencia Lucila Misrahi, titular de la AFIP, fundamentó esta medida argumentando que «el grado de avance tecnológico alcanzado junto con los convenios de intercambio de información suscriptos entre esta Administración Federal y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, permiten a ambos organismos contar con la información suficiente a fin de asegurar la verificación oportuna de la situación fiscal de los ciudadanos, así como de las inscripciones de transferencias de dominio efectuadas a su nombre».
Esta eliminación se da en un contexto de disputa por la intervención, auditoría y posible eliminación de los registros del automotor. Recientemente, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, propuso aumentar las tarifas de los trámites relacionados con los registros, pero ante la polémica suscitada, revocó la medida. Este episodio ha generado críticas internas y dudas sobre posibles casos de corrupción en dichas dependencias.
En paralelo, en el Congreso avanza un proyecto de Ley presentado por la diputada Patricia Vásquez, el cual busca eliminar los registros del automotor. Vásquez ha acusado a los concesionarios, agrupados en Acara, de resistirse a esta medida, argumentando que son los principales beneficiarios de la recaudación generada por estos registros.
