Dirigentes sociales y vecinales acusan a Vialidad Provincial por incumplimientos, falta de transparencia y negligencia en una obra clave para la conectividad de la Margen Sur, postergada por ocho meses.
La controversia en torno a la Dirección Provincial de Vialidad de Tierra del Fuego escaló esta semana luego de que organizaciones civiles y referentes barriales exigieran formalmente la renuncia de su presidenta, ante el gobernador Gustavo Melella. El motivo: reiterados incumplimientos en la ejecución de la Ruta Nacional N°7, una obra estratégica para la conectividad de la Margen Sur, cuya demora -según los reclamos- pone en riesgo la seguridad de los habitantes.
La Asociación Crear Futuro TDF, junto a dirigentes de la zona, presentó el 9 de junio una nota en mesa de entradas del gobierno provincial en la que califican de «injustificables» las demoras y acusan a Zarantonello de «falta de transparencia». La obra, adjudicada a la empresa constructora, consistía en la instalación de un alambrado y debía completarse en 30 días según el contrato licitado en octubre de 2023. Sin embargo, tras ocho meses, los trabajos permanecen inconclusos, generando frustración en una comunidad que depende de esta vía como acceso esencial.
Los firmantes del documento sostienen que las explicaciones brindadas por la funcionaria han sido «contradictorias» y destacan la ausencia de sanciones a la empresa a cargo, pese a los plazos incumplidos. Además, enfatizan que la situación se agravó tras el terremoto del 2 de mayo, que dejó al descubierto la vulnerabilidad de la zona al no existir rutas alternativas seguras ante emergencias. «La inacción expone a los vecinos a un aislamiento total, con riesgo para vidas humanas», advierte el texto.
El reclamo subraya que el convenio para habilitar la Ruta 7 fue firmado por Melella y senadores fueguinos en febrero de 2023, lo que -a su juicio- demuestra que Vialidad «tuvo tiempo suficiente para gestionar los trámites». En cambio, denuncian «desinterés administrativo» y una gestión que «prioriza la burocracia sobre las necesidades urgentes de la población».
La solicitud de renuncia apunta a generar un cambio que restablezca «la confianza institucional». «Exigimos transparencia y eficiencia; esta obra no puede seguir postergándose», afirmó un portavoz de los barrios afectados. La presión crece en un contexto donde la infraestructura vial es clave para el desarrollo, y la respuesta del gobierno provincial será determinante para calmar el malestar social.
