Mario Cairella, ex vicepresidente de CAMMESA y representante de la Presidencia, aseguró que directivos desviaron fondos durante años para financiar lujos, viajes y negocios personales. El Gobierno provincial y el INAES analizan una intervención judicial.
La posible malversación de fondos en la Cooperativa Eléctrica de Río Grande escaló a un escándalo de alcance nacional tras las contundentes declaraciones de Mario Cairella, ex vicepresidente de CAMMESA y actual representante de la oficina del Presidente de la Nación. En una entrevista con Radio Provincia, Cairella afirmó que los directivos de la cooperativa -entre ellos Santiago Barrientos, Ramiro Santana Barrientos y Exequiel Crok- habrían utilizado dinero de los usuarios para financiar un nivel de vida «digno de jeques árabes», con viajes al exterior, compra de vehículos de alta gama y hasta el pago de campañas políticas.
Cairella, quien visitó Río Grande hace dos semanas para recabar testimonios, detalló que los fondos se desviaron mediante contratos irregulares con empresas fantasma, sobreprecios en servicios (como una carnicería que proveía carne sin justificación) y el uso de tarjetas corporativas para gastos personales. Entre los casos más llamativos, mencionó viajes a Qatar durante el Mundial 2022 con familiares, estadías en Miami y hasta la compra de una radio de FM con dinero de la cooperativa.
Además, reveló que el veedor enviado por el INAES para auditar las cuentas habría sido «comprado» para ocultar irregularidades. «Son años de robarse dinero. Pueden ser cientos o miles de millones», sostuvo, señalando que el enriquecimiento de los directivos contrasta con los salarios del resto de los empleados.
Uno de los puntos más graves de su relato fue la acusación de que la cooperativa «compró silencio» a medios locales, que omitieron publicar la denuncia penal presentada la semana pasada. También cuestionó el rol de la justicia: el 30% del servicio de sepelio del crematorio local -cuyo 70% es propiedad de la cooperativa- estaría controlado por el esposo de la jueza federal Mariel Borruto, según Cairella. «Cuando el río suena, algo trae», advirtió.
El ex funcionario confirmó que mantuvo al tanto al gobernador Gustavo Melella, quien cuenta con el aval de la Nación para solicitar la intervención judicial a través de la Inspección General de Justicia (IGJ). La abogada Adriana Varisco, respaldada técnicamente por la Presidencia, presentó una denuncia de más de 30 puntos ante el fiscal federal Marcelo Rapoport, incluyendo pruebas de deudas millonarias (como un usuario que adeuda $90 millones en luz) y contratos opacos con municipios.
Mientras Cairella denunció un intento de coima por parte del gerente general de la cooperativa -quien habría pedido 70 mil dólares en su nombre-, el periodista Armando Cabral añadió más detalles: familias enteras ocuparían cargos en la entidad en un sistema hereditario, y hasta se habría convocado a una asamblea de socios un sábado a las 3 de la mañana.
Con la causa ya en manos de la justicia federal, el caso podría destapar una red que, según Cairella, opera con impunidad «como si fueran la última Coca-Cola del desierto». La intervención de la Cooperativa, clave para garantizar el servicio eléctrico en Río Grande, dependerá ahora de la celeridad del fiscal y del gobierno provincial.
