El abogado expresó su sorpresa ante un programa de becas en Río Grande que restringe el acceso sólo a mujeres y personas LGBTI+, calificándolo de «discriminación» y cuestionando el uso de fondos públicos.
En una entrevista por FM Master’s, el abogado Francisco Giménez manifestó su desconcierto ante la implementación de un programa de becas municipales en Río Grande que excluye a quienes no pertenecen al colectivo LGBTI+. «Primero pensé que era una broma, fake», admitió al referirse al anuncio del municipio, que ofrece apoyo económico para completar estudios primarios o secundarios bajo condiciones específicas.
«Básicamente hay que ser homosexual y vestirse de mujer siendo hombre para acceder», afirmó Giménez, enfatizando su desacuerdo con la exclusión de personas heterosexuales. «Los que no lo somos, que tenemos otra orientación sexual, no podemos serlo y, pura y exclusivamente para este colectivo», agregó, señalando que la medida contradice el principio de igualdad ante la ley.
El letrado comparó la situación con una hipotética beca exclusiva para heterosexuales: «Si pongo un curso para heterosexuales, me echan, me están denunciando y estoy desfilando (en la Justicia)». Para Giménez, la iniciativa municipal no solo discrimina, sino que refleja un mal uso de los recursos: «¿Cómo dilapidan los recursos municipales, no? (…) ¿Qué sería más conveniente de hacerla para todo el mundo?».
Cuestionó además la eficacia de políticas focalizadas: «Las secretarías de género se ha demostrado a lo largo de la historia reciente que no sirven para nada», argumentando que no reducen brechas ni violencia. «¿Por qué normalizamos esto?», interpeló, al considerar que el Estado no debería privilegiar grupos por identidad.
Consultado sobre posibles críticas, Giménez se mostró indiferente: «A veces críticas o repudios de determinados sectores hablan bien de uno». Reafirmó su postura al insistir en que el acceso a beneficios educativos debe ser universal: «Un joven que no es travesti, lesbiana o binario no tiene derecho a inscribirse, eso es inexplicable».
La polémica surge en un contexto donde municipios promueven acciones afirmativas para minorías, un enfoque que, según Giménez, «discrimina más que otra cosa». Su reflexión final apuntó a la coherencia de los funcionarios: «Ellos se hacen los progres con la nuestra (…) ¿por qué no aplican cupos trans en sus empresas privadas?».
