La consultora Vox Populi presenta un informe donde se analiza una radiografía del empleo público en Tierra del Fuego en las últimas 3 décadas. El estudio revela un aumento que ignora el rumbo económico y los recursos.
*Por Mgter. Luis A. Castelli
Un informe que publicamos hace unos días desde la consultora Vox Populi, analiza los datos actualizados recientemente por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía de la Nación. Nos centramos en la evolución del empleo público en Tierra del Fuego entre 1992 y 2023, a través de una mirada en perspectiva acerca de cómo las distintas gestiones provinciales administraron la planta estatal. En general, el estudio revela un aumento sostenido en la misma que, en muchas etapas, superó con creces el ritmo de expansión poblacional e ignoró la evolución del Producto Bruto Interno nacional, es decir, el desempeño y el rumbo económico del país.
¿Cuánto de este aumento de la planta del Estado respondió a necesidades reales y cuánto obedeció a una lógica de reproducción y clientelismo político? ¿Qué espacio quedó para las inversiones en infraestructura y el desarrollo del empleo privado en los momentos de bonanza?
Un crecimiento sostenido con altibajos
La evolución del empleo público en Tierra del Fuego desde 1992 hasta 2023 evidencia una tendencia general de expansión, pero con marcados altibajos que se corresponden con los distintos contextos políticos, económicos y administrativos de cada gestión. El informe permite identificar claramente seis períodos diferenciados, cada uno con su impronta particular:
- Estabillo (1992–1999): Durante los primeros años de vida institucional de la provincia, la planta estatal aumentó un 36,2%, con la incorporación de 2069 empleados.
- Manfredotti (2000–2003): La gestión de Carlos Manfredotti fue de crecimiento moderado. La planta se incrementó un 8,1%, con 631 empleados más.
- Colazo-Cóccaro (2004–2007): Con 6805 nuevos empleados y un aumento del 80,9%, este fue el período de mayor auento del empleo público fueguino. En promedio, se incorporaron 1701 trabajadores por año, una cifra sin precedentes.
- Ríos (2008–2015): Durante los ocho años de Fabiana Ríos, el empleo público creció un 21,2%, con 3229 incorporaciones. Aunque más moderado que el de sus antecesores inmediatos, se mantuvo como un período de expansión constante. El promedio fue de 404 ingresos por año.
- Bertone (2016–2019): La gestión de Rosana Bertone se caracteriza por haber sido la más moderada en términos de empleo público. Solo se sumaron 562 empleados en cuatro años, un incremento del 3%. En promedio, fueron apenas 141 por año.
- Melella (2020–2023): Con 6130 nuevos empleos en tres años, la actual gestión de Gustavo Melella presenta el segundo mayor crecimiento absoluto del período analizado, solo superado por Colazo-Cóccaro. Representa un aumento del 32,3%, con un promedio de 1533 empleados por año.
Es claro que, si bien todos los gobiernos incrementaron la planta estatal, lo hicieron en diferentes magnitudes y bajo distintos contextos. Lo que se mantiene constante es la tendencia al crecimiento, muchas veces desvinculada del crecimiento demográfico o de procesos verificables de ampliación de funciones estatales.
¿Expansión necesaria o modelo estatista?
Si bien en sus orígenes el crecimiento del empleo público pudo estar asociado a la construcción y fortalecimiento del Estado Provincial, es innegable que sobre todo ha obedecido, en sus etapas de mayor expansión, a lógicas de construcción de poder político a través del aparato estatal, recurriendo a prácticas clientelistas. La desproporción entre el aumento poblacional y la incorporación de personal plantea además muchas dudas sobre la eficiencia del gasto público con relación a los servicios que presta el estado y su impacto en las finanzas provinciales.
Los datos que contiene el informe resaltan períodos críticos de expansión, como 1992-1995 (marcados por la creación de estructuras provinciales y traspaso de servicios nacionales) y los períodos 2004-2007, 2009-2012 y 2020-2023, que marcaron picos de crecimiento muy por encima del aumento demográfico.
Si se contrasta esta evolución con los datos del Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina publicados por el Banco Mundial, el desfasaje se acentúa. Hubo períodos de fuerte crecimiento económico (1992–1994, 2003–2008, 2010–2011) en los que la provincia eligió engrosar su planta estatal en lugar de invertir en infraestructura e incentivar el empleo privado. En los tramos de crisis o estancamiento (2001–2002, 2012–2015), el crecimiento del empleo público se ralentizó, pero nunca se detuvo.
Este patrón revela una dependencia estructural de Tierra del Fuego con el empleo público y también expone las limitaciones de un modelo que, aun en contextos de expansión económica, no ha sabido (o no ha querido) crear condiciones para el desarrollo del sector privado, la inversión en infraestructura, y la diversificación productiva.
Lo que se pudo haber hecho
Las oportunidades perdidas son tan visibles como los números que muestran el crecimiento estatal. En los años de boom post-crisis de 2001, el país creció a tasas cercanas al 9% anual, pero Tierra del Fuego canalizó buena parte de ese impulso en sumar más empleados públicos. En el período reciente, mientras se discutía la necesidad de generar empleo genuino tras la pandemia, la provincia volvió a recurrir a la expansión de su planta estatal como principal herramienta de política de empleo, relegando inversiones imprescindibles, por ejemplo, en materia energética y sanitaria.
Un solo ejemplo dimensiona el problema de manera brutal: en los últimos meses, el Gobierno Provincial ha estado clamando por una asistencia económica del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva, que gestiona el Gobierno Nacional, para acceder a fondos que le permitan renovar el equipamiento energético de Ushuaia. Días atrás celebró la llegada de los primeros 4.500 millones de pesos con ese fin. Ese monto equivale al 10% de lo que eroga mensualmente en gastos de Personal; dicho de otra forma, el monto equivale a tres días de salarios de su planta, a la que, como se ha dicho, incorporó más de 6.100 agentes entre 2020 y 2023.
Hagamos una simple cuenta: 6100 nuevos empleados en 4 años. Restémosle 600, que sería un número lógico de crecimiento, quedan 5.500, a razón de $1.000.000 mensual de gasto, x 13 meses (y seguro me quedo corto), eso da 71.500.000.000 por año, lo que en dólares serían unos 60.000.000; en 4 años son 240 millones de dólares. ¿Qué hubiera pasado si esos recursos se hubieran orientado al desarrollo de infraestructura, a créditos para pymes, a capacitación laboral, a incentivos a la inversión, o al fomento de la innovación tecnológica? ¿Cuánto más sólido sería hoy el entramado productivo fueguino si se hubiera aprovechado esa enorme cantidad de recursos para inversiones en energía, en salud, en rutas, y ampliar en los hechos su matriz productiva y desarrollar empleo privado sustentable?
Un modelo que exige revisión
El informe permite abrir una conversación necesaria sobre el modelo de desarrollo fueguino. Nadie pone en duda que un Estado presente y robusto es fundamental para una provincia insular, de condiciones geográficas y logísticas complejas. Pero cuando la expansión del empleo público se convierte en un fin en sí mismo, y no en herramienta para garantizar el acceso a servicios esenciales o generar capacidades en beneficio del conjunto de la sociedad, el sistema se vuelve inservible, costoso e injusto.
Hoy, con una planta estatal que crece al doble del ritmo demográfico y un mercado laboral privado que no logra despegar, Tierra del Fuego enfrenta una encrucijada. Continuar con la inercia de un Estado que es solo un empleador endogámico y clientelar, o reconfigurar su estrategia de desarrollo hacia un esquema más equilibrado y justo con todos los ciudadanos, que combine eficiencia pública con inversión y dinamismo productivo.
*El autor es Lic. en Ciencia Política y Mgter. en Desarrollo Económico Local.
