Un mes y medio después del sorpresivo anuncio en Casa Rosada, Alberto Fernández estampó la firma en un Decreto de Necesidad y Urgencia publicado a última hora de la tarde en el Boletín Oficial con el que dio oficialmente marcha atrás en la intervención y expropiación de Vicentin, argumentando una “obstrucción” empresarial y judicial con fuertes críticas a los accionistas de la compañía.
A través de un tweet, el presidente explicó: “Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”.
De esta manera, el mandatario nacional volvió a cargar contra la cúpula de accionistas de la firma agroexportadora y “el juez interviniente en el concurso, quien no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”, resaltó en las redes sociales, mientras en la secretaría Legal y Técnica terminaban de publicar el decreto en el Boletín Oficial.
Por parte del Gobierno hay tanto malestar con los dueños de Vicentin como con el juez en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo del concurso. “Está jugando absolutamente con la empresa”, explicaron colaboradores presidenciales al tanto de los detalles de la decisión.
Ampliaron: “El lunes le dio 40 días más a los accionistas para presentar los balances. Es más, abrió el concurso sin que se presentaran esos documentos, algo que no está permitido. A cada requerimiento de la familia Nardelli y compañía, el juez les dio acogida”.
Desde el anuncio que sorprendió, incluso a algunos sectores del Frente de Todos por lo intempestivo, en los primeros días de junio, el Gobierno se enfrascó en una batalla político-judicial que luego incluyó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti y en la que no le habían encontrado una salida viable.
Los directores de la agroexportadora el jueves rechazaron la renuncia al directorio y la cesión de sus acciones para la conformación de un fideicomiso, tal como había tratado de instrumentar el gobierno santafesino en un plan que había llevado a la mesa de propuestas Perotti. El secretario de Justicia de esa provincia anunció entonces que se retiraban de las negociaciones.
Tras el traspié legal y político del jueves, el juez de la quiebra quedó a cargo de la resolución del pleito. Sin embargo, además de la quiebra; el juez federal Julián Ercolini lleva adelante una investigación por supuestas irregularidades en las cesiones de créditos del Banco Nación. Tanto la entidad oficial como la Unidad de Información Financiera (UIF) fueron aceptadas como querellantes por la cámara.
El gobernador se había involucrado activamente en las negociaciones con los representantes de la compañía, con sede en Reconquista, después del anuncio presidencial y de que el Gobierno no lograra encausar la intervención y posterior expropiación. La Casa Rosada nunca envió al Parlamento el proyecto.
En las últimas semanas, el jefe de Asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos, intervino completamente en el tema por pedido expreso del Presidente.
El funcionario viajó a Rosario la semana pasada y dedicó todo un día a reunirse con representes sindicales, de los acreedores, de la Inspección de Justicia y acopiadores de granos. A la vuelta fue hasta el despacho del jefe de Estado con un informe minucioso, según contaron asesores de la Presidencia: “Esto no camina”, informó Olmos.
La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien nunca estuvo del todo de acuerdo en cómo se avanzó con la intervención, empezó a pulir la derogación publicada la tarde de ayer.
Fernández remarcó por medio de las redes sociales: “Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. También nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”.
Manifestó que “la intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”.
“En estas condiciones no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, insistió el jefe de Estado, quien también aseguró que dio instrucciones a “todos los organismos públicos involucrados” para que lleven adelante acciones civiles, comerciales y penales para “preservar los intereses del Estado”.
Para el Gobierno, la decisión de avanzar con la intervención de la compañía, en la que ahora retrocede, fue la única manera de ver “qué había dentro de la firma”, sin medir las consecuencias políticas; explicaron.
“Pensé que iban a salir a festejar”, llegó a decir el Presidente hace poco más de 15 días, mientras la Casa Rosada y Perotti hacían malabares para encontrar una salida razonable.
Según fuentes oficiales: Vicentin cuenta con un pasivo de U$S 1.500 millones y U$S 600 millones de activos.
“El secreto es que le entreguen granos para hacer molienda y hace rato que no le estaban entregando nada. Se quedaron sin capital de trabajo. Había que poner 300 millones de dólares y ser socios”, reconocieron resignados la tarde de ayer, colaboradores de Alberto Fernández; luego de un mes y medio del anuncio de intervención encabezado por el jefe de Estado.
