La generación de una propuesta de Código de Ética para toda la justicia argentina, con una dimensión federal es la apuesta que lleva adelante el Consejo Económico y Social (CES). Así se avanza en una propuesta con una dimensión nacional, con el fin de mejorar la percepción sobre el Estado de derecho.

Cabe recordar que distintas provincias cuentan con un Código de Ética propio para el Poder Judicial, como el caso de Córdoba, Santa Fe y Corrientes. Mientras que otras contienen leyes generales de ética pública o adhirieron a normas internacionales como Río Negro y Neuquén, que suscribieron los principios de Bangalore. La Pampa, San Juan, Salta y Tierra del Fuego adoptaron el Código Iberoamericano de Ética Judicial.

Para avanzar en ello, el Consejo Económico y Social (CES) llevó a cabo el foro “Rumbo a un fortalecimiento de los códigos de ética judiciales”, con la exposición de destacados referentes del pensamiento jurídico local e internacional que trataron sobre qué se entiende por los principios legítimos.

La iniciativa del CES fue especialmente impulsada la jueza María del Carmen Battaini, consejera del Ces, ministra del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego y primera mujer elegida presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales.

“Mi función en relación con este Consejo es la fortalecimiento de los principios éticos. Es una tarea que tiende a visibilizar, y fortalecer”, dijo Battaini por FM Masters.

La propuesta del Código de Ética abarcaría a toda la justicia argentina, con una dimensión federal. “Uno de los primeros objetivos es la legitimación del Poder Judicial, que es lo que puede hacer o no una jueza o juez, funcionaria o funcionario, empleado o empleada dentro de su actividad. Cómo nuestra actividad deja de ser privada y se trasforma en pública sobre todo con las redes sociales y la actividad virtual, que actitud es reprochable o no lo es, muchas veces por desconocimientos cometemos errores de los cuales nos arrepentimos. Es la sensibilización desde adentro hacia afuera como la capacitación y generar parámetros de medidas razonables”, afirmó la magistrada.

Ante la desconfianza de la comunidad en general hacia la Justicia. Battaini reflexiono que “debemos, primero definir que entendemos por justicia, es la que hace el Poder Judicial, la Policía o el Estado. Y saber de aquellas personas que les preguntamos desde que ámbito van a contestar. Muchas veces se le pregunta a alguien y este despotrica, pero cuando se le consulta si tiene alguna experiencia, esta dice que no. Entonces todos esos puntos hay analizarlos, para saber de qué hablamos, sino suponemos o presuponemos, pero no vamos al fondo de la cuestión”.

Acerca del acortamiento de plazos judicial, la magistrada indico que “tratamos de dar respuestas rápidas con estos espacios anteriores, pero ¿depende de nosotros, los jueces? ¿O están establecidos dentro de un Código de Procedimiento o hay una mecánica procesal que es a la que tenemos que apuntar para variarla? No se trata de echar culpas sino de buscar soluciones. Cada uno de los poderes del estado, las organizaciones y los que conformamos de una comunidad tenemos que colaborar con ese sistema. Entonces habrá que trabajar dentro del ámbito correspondiente para que esas leyes sean modificadas de acuerdo a determinadas garantías con derechos constitucionales, porque no podemos apartarnos de lo que la Constitución Nacional o Provincial nos dice, o sea, es una tarea que hay que hacerla”.

“Hemos hecho mucho, hay dos proyectos de Código procesional modificados que con la pandemia habrá que hacerles retoques, revisarlos, con los años de la pandemia que nos deja como enseñanzas”, aseguró.