Un total de 77 firmas respaldaron el proyecto del Ejecutivo en
Diputados para una nueva reforma de seguridad que alcanza a
los adolescentes.
Pese a imprevistos de último momento, el oficialismo consiguió
dictaminar su propuesta de Régimen Penal Juvenil en plenario de
Diputados, que ahora pasarán a votarlo en una sesión aún sin fecha
prevista. La iniciativa, redactada en conjunto entre el PRO y La Libertad
Avanza, reunió apoyos del radicalismo y la Coalición Cívica para bajar la
edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
Una vez que se logró el quórum, se conocieron cuatro dictámenes. El de
mayoría es el impulsado por Casa Rosada, que reduce la edad de
imputabilidad de 14 años y propone instancias de penalidad previa para
los jóvenes en conflicto con la ley, como procesos de justicia
restaurativa, trabajo comunitario y, en última instancia, la privación de
la libertad (con penas correspondientes a más de 10 años de prisión).
Tuvo 77 firmas, establece la pena máxima hasta de 15 años, se
implementaría en 180 días.
El segundo de mayor cantidad de firmas es el de Unión por la Patria,
que sostiene en 16 años la punibilidad pero propone etapas previas a los
centros cerrados de menores. Los otros dos son de Margarita Stolbizer y
Natalia de la Sota (ambas de Encuentro Federal, conserva punibilidad en
16 años) y del Frente de Izquierda (en rechazo a cualquier reforma).
Aunque en ningún momento pidieron la palabra ni los diputados del PRO
ni de La Libertad Avanza, pero miembros de ambos bloques celebraron
en sus redes sociales luego de obtener el dictamen. También se expresó
el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, quien indicó
que «el gobierno del presidente Javier Milei tiene el mandato de la
sociedad de proteger a las víctimas y meter presos a los delincuentes y
vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplirlo”.
“Compartimos con Cuba la edad de imputabilidad más alta de la región.
En Uruguay la edad es de 13 años y en Brasil y México 12 años”,
planteó, uno de los argumentos reiterados por el oficialismo.
El funcionario nacional también trazó lo que será la perspectiva del
Gobierno para encarar las próximas instancias del proyecto: “Los
diputados deberán elegir de qué lado están: con los argentinos de bien o
con los delincuentes. Hoy, después de 314 días de haber presentado el
proyecto de Ley, podemos avanzar en la baja de la edad de
imputabilidad. Es simple, el que es lo suficientemente grande para
matar o violar es grande para afrontar las consecuencias e ir preso”.
Baja de edad de imputabilidad en Diputados
En representación del oficialismo, tomó la palabra la santacruceña
Roxana Reyes (UCR) destacó la perspectiva «resocializadora, educativa y
de contención» que los aliados del Gobierno introdujeron a la redacción
libertaria, a la que incorporaron la figura de supervisor. «Tenemos que
llegar a tiempo para que aquellos jóvenes que entraron en conflicto con
la ley penal», dijo y recordó que la pena máxima será de hasta 15 años
y que se implementaría en 180 días.
La bonaerense Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) insistió en que
apoyarán el dictamen oficialista con disidencias dado que «hoy un chico
de 14 o 15 años, comete un delito y el Estado no puede hacer nada.
Vuelven a una casa donde no hay nadie». Ante ello, la ley pretendería
«darle contención a ese menor que no tiene respuesta de Estado
ausente, que en estos 40 años de democracia no supieron dar
respuestas educativas ni de salud». «Exigimos que ningún fiscal ni
ningún juez pueda aplicar ninguna medida privativa de la libertad hasta
tanto estén los lugares adecuados», expresó.
También participó el santafesino Germán Martínez (Unión por la Patria),
quien reconoció que en el Congreso «hay una dinámica que hay que
revisar»: «Recibimos una cantidad de aportes mayoritariamente con
miradas críticas hacia el proyecto del Ejecutivo, nos están faltando
instancias de ese procesamiento», sostuvo y se preguntó si «¿hay
disposición para poder incorporar en nuestras miradas los aportes de los
invitados?».
A su vez pidió mayor tiempo de discusión del proyecto dado que «los
debates tienen que ser sin los carancheos de determinadas situaciones
de conmoción, sin cálculos electoralistas que desvirtúan el debate y
escuchando a todos». «¿Cómo hacemos para garantizar los recursos
para que Nación, Provincia y Municipios y los distintos dispositivos
judiciales para que nosotros podamos hacer efectivamente y concreta
esta ley en el caso de aprobarse?», cerró.
El formoseño Fernando Carbajal (del radicalismo de Democracia para
Siempre) remarcó que «se han incorporado muchas de las observaciones
que hemos formulado, al extremo que este proyecto no tiene
absolutamente nada que ver con el que mandó el Poder Ejecutivo. No
recepta los ejes políticos e ideológicos del Gobierno». Asimismo, detalló
que a un adolescente encontrado culpable en penas de 0 a 3 años no se
le puede aplicar penas de prisión efectiva; de 3 a 10 años, el juez debe
evaluar la posibilidad de combinar la pena efectiva con cualquiera de las
otras instancias; y «solamente se podrá imponer pena efectiva de delitos
de más de 10 años, que estamos hablando evidentemente por hechos
extremadamente graves».
También intervino la bonaerense Margarita Stolbizer (Encuentro
Federal), quien no brindó detalles de su dictamen y pidió «escuchar a los
operadores judiciales de las provincias. Si tiene un problema el dictamen
de mayoría, es precisamente la dificultad de su aprobación en las
provincias, porque muchas ya tienen un sistema penal juvenil».
«Difícilmente haya plata para institutos para jóvenes. Pocas posibilidades
tenemos de que esto vaya en la garantía del resultado que se pretende»,
subrayó y manifestó: «Ningún límite de edad va a resolver estas
problemáticas».
