Tierra del Fuego es una de las 15 provincias que adhirieron al protocolo de Nación. Paralelamente Córdoba, Mendoza, Neuquén y Misiones fijaron sus propias directrices; pero Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan y Corrientes todavía carecen de protocolos.
Horas después de ser nombrado ministro de Salud, Ginés González García, firmó la actualización del protocolo ILE, una decisión que fue anunciada junto a referentes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, donde se buscó fijar una “guía de procedimiento para que se cumpla con la ley de igual manera en cualquier parte del país” y como “respaldo a los profesionales de la salud”, señaló el funcionario nacional en ese momento.
Son 19 las provincias junto a la Ciudad de Buenos Aires que cuentan con protocolos o guías para realizar un aborto cuando hay un peligro para la salud y/o la vida de la persona gestante; también cuando el embarazo es resultado de una violación, causales que fija la ley vigente desde 1921.
En cambio, “no todos los protocolos provinciales vigentes establecen estándares y procedimientos para una atención de salud segura, de calidad y oportuna”, advierte un informe elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes).
Según lo que refleja el informe “El aborto en cifras”, elaborado por las organizaciones mencionadas, son las 15 provincias que adhirieron al protocolo de Nación: Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires, CABA, Catamarca, La Pampa, Río Negro y Chubut. En tanto, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Misiones fijaron sus propias directrices.
Algunos de los protocolos provinciales vigentes “no incorporaron las exhortaciones del fallo FAL (de la Corte Suprema) respecto del acceso y atención del aborto”, se indica en el informe. Mientras que la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio Nacional de Salud considera que Córdoba, Mendoza, Chaco, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Catamarca, Chubut, y RÍo Negro “tienen protocolos o normativas que requieren actualización”.
El protocolo nacional se actualizó mediante resolución en diciembre de 2019 y establece un marco de acción normado, pero su ausencia no es impedimento para acceder al aborto no punible en ningún caso, debido a que todas las jurisdicciones del país deben garantizar su acceso.
Desde 1921, conforme al artículo 86 del Código Penal, ratificado por la Corte Suprema en el fallo “FAL” de 2012, el aborto es legal: Si representa un riesgo para la vida de la persona gestante o para su bienestar físico, emocional y social o si es producto de una violación.
El mismo fallo exhorta a los estados provinciales a proporcionar las condiciones necesarias para concretar las interrupciones legales de embarazos de manera rápida, accesible y segura. No obstante, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan y Corrientes aún no avanzaron en este sentido.
Según el relevamiento de ELA, Redaas y Cedes, en base a datos oficiales, indica que, en 2019, fueron efectuadas 8.388 interrupciones legales del embarazo en la Ciudad de Buenos Aires; 5028 en la provincia de Buenos Aires durante el primer semestre de 2020; y 1312, en Rosario, Santa Fe en 2018.
Casi 9 de cada 10 (87%), cursaban el primer trimestre de embarazo. El 84% de las prácticas fue realizado en el primer nivel de atención, los centros de salud; y el 16% en hospitales.
