El economista explicó cómo la caída en las transferencias automáticas y no automáticas afecta a las jurisdicciones, mientras el Gobierno Nacional busca reducir la carga impositiva sobre el sector privado.
La situación fiscal de las provincias atraviesa un momento crítico, marcado por una significativa disminución en las transferencias de fondos desde la Nación. Federico Rayes, titular de la consultora Ecotono, detalló en FM Master’s los factores detrás de esta contracción y las estrategias que están adoptando los gobiernos provinciales para compensarla.
«El panorama nacional cambió radicalmente con la nueva política económica», señaló Rayes. «Antes había un impulso monetario constante; ahora, con la inflación en descenso, los actores deben reubicarse en un escenario donde la eficiencia es clave». Este ajuste impacta directamente en los estados provinciales y municipales, que ya no reciben los mismos niveles de financiamiento por coparticipación y otros regímenes.
Uno de los puntos centrales es la caída en las transferencias automáticas, que representan la mayor parte de los fondos que reciben las provincias. «En 2024, esa distribución automática cayó entre un 9% y un 10% respecto a 2023», explicó. «Tierra del Fuego, por ejemplo, recibió un 8,9% menos en términos reales». Aunque en 2025 se observa una leve recuperación -un 2% interanual en el acumulado enero-mayo-, los montos siguen estando un 7% por debajo de los niveles de 2023.
La situación empeora al analizar las transferencias no automáticas, que sufrieron un derrumbe del 88% el año pasado. «Son fondos más discrecionales, vinculados a programas de salud, educación u otras emergencias», aclaró Rayes. Al respecto, añadió: «Aunque su peso es menor en el total, en un contexto de ajuste, cualquier recorte se siente».
El economista destacó que corresponde analizar la situación vinculando dos factores contrapuestos: por un lado, la recuperación de la actividad económica, que debería aumentar la recaudación, y, por otro, la decisión del Gobierno nacional de reducir impuestos. «La Nación busca deliberadamente cobrar menos: bajó retenciones, eliminó el impuesto País, redujo impuestos internos como los gravámenes a electrónicos y planea eliminar otros impuestos que considera distorsivos», enumeró. «Si la premisa es alivianar la carga fiscal, habrá menos recaudación coparticipable y, por ende, menos fondos para las provincias».
Frente a este escenario, los gobernadores -participaron 22 de las 24 jurisdicciones- impulsaron una redistribución de los recursos existentes. «Proponen modificar la ley que regula el impuesto a los combustibles para que una mayor parte de lo recaudado vaya a las provincias y no a fondos fiduciarios controlados por la Nación», explicó Rayes. Entre los cambios, se plantea eliminar el fideicomiso para el transporte -financiado con el gravamen al gasoil-, y desfinanciar el fideicomiso de estructura hídrica; y de este modo derivar esos recursos a las provincias bajo el mismo criterio que la coparticipación.
El economista destacó que en lo que respecta a Tierra del Fuego, esta propuesta podría aportar anualmente a nuestra provincia recursos adicionales por entre 24 y 30 mil millones de pesos, es decir el equivalente al 60% del promedio de transferencias mensuales que se reciben de la Nación.
«La estrategia nacional es clara: achicar el Estado para necesitar menos recursos», concluyó Federico Rayes. «Pero eso fuerza a las provincias a adaptarse. Las que no redujeron su estructura están sintiendo el ajuste con mayor crudeza».
El desafío, entonces, no solo es fiscal, sino también político: cómo garantizar servicios esenciales en un marco de restricción presupuestaria creciente.
