Por Silvana Minue-
La titular del Instituto Provincial de Viviendas, Leticia Hernandez explicó como fue el proceso de apertura a inscripciones a demanda general, cuanta gente hay inscriptas y los casos de violencia entre familias y como actúa el organismo.
Ante la gran respuesta de los vecinos y vecinas a los llamados a inscripción de demanda general de parte del IPV, su presidenta Leticia Hernadez en FM MASTER`S. reflexionó que “esto nos hizo a activar la página web donde vamos utilizar el sistema similar al PROCREAR para que los vecinos no se encuentren con el mensaje automático. Así aquellos que llegaron al viernes al mediodía están cubierto porque nos implica que la gente venga dos veces al instituto”.
Se llegaron a inscribir a 2600 personas en las tres ciudades a través de whastapp en una semana. Así mismo la funcionaria aclaró que “llevamos la tranquilidad a los vecinos que la inscripción se volverá a abrir”. La reapertura y la demanda de viviendas llevo a varios análisis: “una es que la pandemia, con la cuarentena nos obligó ponernos a prueba con varias cosas, esto no quita que no haya atención a la gente, se la atendió permanentemente. Por el otro lado, se reconoció que a muchas familias se le complica alquilar”. Además “otro análisis fue los anuncios del presidente Alberto Fernandez en materia habitacional como el Plan Federal de Viviendas que “toca a nuestra provincia”.
Con la demanda “En realidad quedamos asombrados ya que 2600 personas en cinco días es un número bastante grande. Si bien, el IPV está estructurado con una fecha para hacerlo en marzo es un mes contaste y dinámico. Pero de pronto recibir tantos llamados fue muy sorpresivo”, evaluó.
“Aquellos que hayan logrado tener una respuesta quedan dentro de la prescripción, y a las quejas le decimos que lo vamos a llamar de acá a marzo porque son situaciones presenciales que deberán a venir a presentar las declaraciones juradas que tienen que firmar”, explicó dando tranquilidad al vecino.
Hernandez apuntó que alrededor de 10 mil personas en las tres ciudades esperan su vivienda propia. Acerca a la planificación de viviendas, indicó que “antes de la pandemia, en marzo presentamos un plan de viviendas de 2 mil distribuidas en tiempo y forma” pero “el gran cuello de botellas se originó en los últimos cuatro años cuando no hubo un plan federal. Ahora buscamos y trabajamos con las distintas figuras como fideicomiso en grupo familiares que pueden encarar ciertas cantidad cuotas. Tenemos bastante líneas para trabajar pero al haber un anuncio importante en el mes de diciembre con el Presidente Alberto Fernandez nos liberó bastante hacer otras planificaciones así nos sentamos con el área financiero contable y técnica del instituto para saber cuánto podemos abarcar en viviendas con fondos propios, vamos a lanzar 64 viviendas en Ushuaia, y también tenemos un bolsón de tierra en Tolhuin el cual inyectáramos infraestructura entonces pensamos con una mirada provincial con los fondos propios de forma inmediata en las tres ciudades para encarar tras un año de gestión con una pandemia, ya perdimos un año muy valioso».
Si bien hay una deuda de Nación con todos los Institutos de Vivienda del país, en lo que respecta a la provincia se debe 700 millones de pesos, «avanzado en destrabar ciertos montos, pero vino el cambio de ministro y quedamos en foja cero. La nueva gestión viene a financiar las viviendas mientras que el IPV inyectara infraestructura como agua luz y gas, para darle las respuestas al vecino».
«Hay gente anotada desde 2005, otras del 2004. Un promedio que entre 10 o 15 años se entregaron viviendas y ya estamos por encima. En el gobierno de Fabiana Ríos hubo un promedio de entrega de 350 viviendas por año y es un buen numero algo que no ocurrió en los últimos cuatro años», especificó. «Cuando yo digo que en cuatro años no hubo una política, un plan federal se complicó aún más la situación, por eso se aplaudió los anuncios del presidente», remarcó.
Situación de violencia en el edificio ubicado en la calle Wonska
La funcionaria fue consultada por el conflictivo caso en uno de los departamentos de la calle Wonska del IPV. «A ese grupo lo hemos atendido, las primeras acusaciones fueron de agresiones físicas, también se actuó ante la Defensoría del Pueblo. El instituto no tiene poder de policía. En cuanto al dominio sobre la vivienda, si la tiene el IPV. Pudimos actuar luego de los hechos del 1 de enero. Y la idea es con la restitución del inmueble es ir a la Defensoría donde llegamos a una mediación, o se tranquilizan, comparten la convivencia o se restituye el inmueble», explicó.
