La resolución establece, además, la expulsión de cualquier ciudadano de otro país que cometa algún ilícito en tierra chubutense.
El decreto dispuso «la expulsión y prohibición de ingreso a la Provincia de Chubut de ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentren cumpliendo condena, que reúnan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero».
El Ministro de Gobierno, Federico Massoni, afirmó que «los chubutenses no pueden permitir la delincuencia importada ni de ningún tipo» en la provincia. Y agregó: «Es inadmisible que cada ciudadano aporte $4700 diarios para mantenerlos».
El funcionario afirmó que «todos los extranjeros que vienen a progresar y a establecerse con sus familias, contarán con todo el apoyo», aunque remarcó que los que tienen intenciones de delinquir «no van a poder ingresar a Chubut».
La decisión de la Provincia va en línea con la postura del Gobierno nacional que desde hace tiempo manifiesta su voluntad de «expulsar a los extranjeros» que delinquen en la Argentina, tal como ocurrió con el motochorro colombiano que pagó $700 para obtener la libertad. Esta caso provocó el enojo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien cargó contra la magistrada Patricia Guichandut.
«Estoy un poco caliente», había dicho Larreta sobre la decisión de la magistrada, que liberó al motochorro a las 24 horas.
Sin embargo, luego de los cruces políticos -donde hasta el presidente Mauricio Macri cuestionó el accionar de la Justicia- se decidió recapturar al delincuente y expulsarlo del país.
