El Parlamento sancionó el pasado viernes un proyecto de Ley que busca “establecer un régimen de penalidades o sanciones para quienes se encuentren sometidos a los efectos de sustancias ilegales con el grado de adicción” y en el ejercicio de la función pública.
Luego del tratamiento, primero en Comisión y luego en sesión, el legislador Ricardo Furlan (FPV – PJ) dijo a Prensa Legislativa que se trata de una propuesta presentada en 2016. Hizo referencia al “importante debate” que se dio hasta la presentación sobre tablas. “Algunos querían que invitáramos, en el texto, a los restantes poderes, otros que no” y evaluó que se trata de “discusiones normales” para arribar a un articulado consensuado.
“Hemos ido un poco más allá” dijo, al referir al tipo de controles que propone el texto, “es importante que desde el gobernador hasta el último funcionario electo o designado tenga la responsabilidad de someterse a estos análisis”. En este sentido, el referente del FPV – PJ añadió que se estima un periodo de recuperación. “Algunos podrán o no, en caso de ser grave- está previsto la remoción que prevé la Constitución de Tierra del Fuego”.
Consultado sobre los alcances de la reglamentación, luego de la promulgación del texto sancionado ayer, Furlan entendió que “está prevista en 60 días”. También, agregó que pueden “adherir los municipios”, aunque la Ley es de alcance a todos los poderes del Estado.
Sobre la posición de este tipo de controles en el país, respecto de las demás provincias, Furlan informó que “somos casi pioneros” ya que Tucumán la sancionó en 2017; Salta y Chaco que las han presentado pero aun no sancionado. “En el país se hacen este tipo de controles a las fuerzas de seguridad, pero no es lo mismo que hacer controles a los funcionarios electos o designados”, cerró.
