Un fallo en EE.UU. ordena al país pagar u$s16.000 millones por la expropiación de 2012. Analizan apelar, pero el riesgo de perder el control de la empresa amenaza el desarrollo de Vaca Muerta y la soberanía energética.
El conflicto judicial entre el Estado argentino y accionistas minoritarios de YPF por la expropiación del 51% de las acciones en 2012 escaló a un fallo histórico: la justicia de Estados Unidos ordenó al país pagar 16.000 millones de dólares, cifra que supera el valor actual de la empresa. Federico Rayes, economista de la consultora Ecotono, analizó en profundidad, en FM Master’s las implicancias de este fallo, que amenaza con transferir el control accionario a tribunales extranjeros y comprometer el desarrollo de Vaca Muerta.
«Argentina viene arrastrando hace mucho tiempo este juicio en tribunales federales de Estados Unidos, un tema que involucra cuestiones ligadas al derecho internacional», explicó Rayes.
El origen del conflicto se remonta a la privatización de YPF en los años 90, cuando la empresa comenzó a cotizar en Wall Street y modificó su estatuto. Un artículo clave, el número 7, establecía que, ante una compra o expropiación superior al 15% del paquete accionario, debía ofrecerse la misma opción al resto de los accionistas. «Nunca se realizó este procedimiento», señaló Rayes.
En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% controlado por Repsol mediante una ley del Congreso, pero omitió la consulta a los accionistas minoritarios, entre ellos el Grupo Eskenazi y fondos de inversión. Aunque Argentina indemnizó a Repsol con bonos por 5.000 millones en 2014, los demás accionistas -cuyos derechos fueron adquiridos en un 70% por el fondo buitre Burford Capital- continuaron el litigio. «El fallo actual obliga a Argentina a resarcir unos 16.000 millones, más que el valor total de YPF hoy (13.000 millones)», destacó Rayes.
La jueza Loretta Preska no solo fijó ese monto -que incluye intereses y una valoración por el perjuicio-, sino que exigió al Estado argentino depositar el 51% de las acciones como garantía bajo custodia de la corte estadounidense. «Si Argentina no paga, perdería el control de YPF en un contexto donde la empresa es clave para la soberanía energética y los dólares de Vaca Muerta», advirtió el economista.
El gobierno ya anunció su apelación, basada en dos argumentos: la soberanía nacional, al ser una decisión avalada por el Congreso, y la discusión sobre el monto. «Hay un debate sobre la fecha de valuación de las acciones: si se toma el momento del anuncio de la expropiación o el de su concreción, la cifra podría bajar a entre 6.000 y 9.000 millones», precisó Rayes. Sin embargo, incluso esa suma sería inmanejable para las actuales reservas del Banco Central.
Ante la posibilidad de que Argentina desconozca el fallo, Rayes alertó sobre el costo reputacional: «Un país que busca inversiones no puede darse el lujo de ignorar sentencias internacionales. Lo más probable es que se intente un arreglo extrajudicial, como con Repsol, ofreciendo bonos o pagos escalonados».
Sobre la responsabilidad política, fue contundente: «Axel Kicillof, entonces ministro de Economía, tuvo un rol central. Fue el ideólogo y ejecutor de esta medida que hoy nos cuesta miles de millones».
El escenario es crítico: mientras Argentina apela, las acciones de YPF se desploman y el fantasma de perder su empresa energética más estratégica se cierne sobre un país que ya enfrenta una severa crisis económica. Como concluyó Federico Rayes: «Esta travesura nos salió muy cara a todos los argentinos».
