El legislador de La Libertad Avanza expuso sobre los consensos y las divergencias en la regulación de la acuicultura, mientras evaluó con cautela el acuerdo con la empresa china firmado hace más de una década.
El legislador provincial Agustín Coto (La Libertad Avanza) describió como «errático» el avance del debate legislativo sobre la modificación de la ley que regula la producción de salmónidos en Tierra del Fuego. En diálogo con FM Master’s, reconoció que, pese a la ausencia de tratamiento en comisiones, existen charlas informales entre los bloques para destrabar una actividad actualmente limitada a 50 toneladas anuales. «El gobernador, en marzo, habló del asunto durante la apertura de sesiones. Hoy solo hay proyectos presentados, dos de ellos nuestros», señaló.
Coto insistió en que existe un «consenso absoluto» sobre dos ejes: la necesidad de generar empleo e inversión mediante la acuicultura y la protección ambiental del canal Beagle y los cursos de agua. «Los ríos, lagos y lagunas deben estar resguardados. Pero la actividad en sí, bien regulada, no debería estar prohibida», afirmó. Cuestionó la ley vigente (3.155) por imponer restricciones que, en la práctica, imposibilitan el desarrollo: «Es como decir que podés tener un kiosco pero vender solo un Bonobón por día. Así, el negocio quiebra».
Sobre las tensiones dentro del oficialismo -tras declaraciones del gobernador que asociaron la salmonicultura a costas y lagos-, el legislador evitó interpretar sus palabras pero destacó: «El diálogo entre pares va por la protección del Beagle. Esa postura es mayoritaria». Aunque admitió que el tema no se trabajó en comisión, confió en que avanzará por «la vía más sana».
Al ser consultado sobre las críticas de inversores que consideran inviable el modelo en piletones por su alto costo y techo productivo, Coto fue contundente: «El modelo de negocio de Juan o Pedro es su problema. Nosotros no debemos legislar para beneficiar o perjudicar a alguien». Argumentó que, si la actividad está permitida y no genera impactos negativos, «da lo mismo si viene un empresario o ninguno». «¿Por qué tendría que estar prohibido? Si no hay inversiones, no pasa nada. El error es hacer normas a medida de intereses coyunturales», sostuvo.
Sobre el acuerdo energético con la empresa de capitales chinos, firmado en 2010 y nunca concretado, Coto admitió que analiza tanto el texto original como las observaciones del fiscal de Estado. «Es un tema que ya fracasó antes. Prefiero no ser parte de otra Legislatura que también falle», dijo, aunque reconoció la urgencia por resolverlo. La duda persiste sobre el destino de los 30 millones de dólares depositados por la empresa: «Equivalen a más del doble de la deuda de OSEF. Estoy indagando adónde fueron».
El legislador se mostró sorprendido al conocer que el actual abogado de la firma china es Guillermo Aramburu, exministro de la gobernadora Fabiana Ríos y firmante del primer convenio. Pese a las presiones por ratificar el acuerdo, insistió en que cualquier decisión debe basarse en condiciones claras: «Si sale mal otra vez, será otro capítulo de un fracaso repetido» concluyó el legislador Agustín Coto.
