El Tribunal Oral Federal 2 le concedió el beneficio, pero impuso el uso de tobillera electrónica, límites a las visitas y advertencias contra manifestaciones, en una decisión que busca equilibrar la ejecución de la pena con el control estricto.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no pisará una cárcel convencional, pero su condena a seis años de prisión por corrupción se cumplirá bajo un régimen de vigilancia inédito para una figura de su relevancia.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) le otorgó este miércoles la prisión domiciliaria, aunque con condiciones más severas que las habituales: deberá portar una tobillera electrónica, tendrá restricciones para recibir visitas y recibió una advertencia expresa para evitar actos que perturben el orden público. La resolución, que fue notificada por Zoom para eludir el traslado a Comodoro Py y posibles movilizaciones, refleja la tensión entre garantizar el cumplimiento de la pena y minimizar el impacto político.
Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu -los mismos que la condenaron en diciembre de 2022- optaron por un camino intermedio entre quienes pedían denegar directamente el beneficio y quienes proponían restricciones aún más duras, como la prohibición de usar redes sociales.
Finalmente, el tribunal permitió que la ex vicepresidenta permanezca en su departamento de Constitución, pese a las objeciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que argumentaba riesgos de concentraciones kirchneristas. Sin embargo, las nuevas reglas buscan disuadir cualquier intento de transformar su encierro en un escenario de protesta.
Entre las condiciones más llamativas figura la limitación de visitas: solo podrán ingresar sin trámite previo su familia directa, el equipo médico, los abogados defensores y la custodia policial. Cualquier otra persona requerirá autorización judicial, una medida que apunta a frenar la ola de apoyos públicos que recibió en los últimos días.
Además, el fallo incluye una cláusula inusual que le ordena «abstenerse de generar actividades molestas para los vecinos», en alusión directa a sus apariciones en el balcón, que en el pasado convocaron a militantes.
La decisión no dejó satisfechos a ninguno de los bandos. Sectores del kirchnerismo calificaron las restricciones de excesivas -«Ni a los genocidas les impusieron esto», criticó un dirigente cercano a Fernández-, mientras que La Cámpora lo interpretó como una victoria parcial, al evitar el traslado esposada. Por su parte, los fiscales, que exigían la prisión común, consideraron insuficientes los controles.
El fallo también deja en evidencia las presiones cruzadas sobre el tribunal: desde sectores del Gobierno y del Poder Judicial que reclamaban evitar una escalada de conflicto, hasta la presión de la oposición, que exigía igualar el trato a otros condenados. La ausencia de restricciones a su comunicación pública sugiere que, pese al endurecimiento, Cristina Fernández seguirá siendo una actriz central en el debate político, incluso desde su arresto domiciliario.
