El anuncio del vocero presidencial genera incertidumbre en la
provincia ante la falta de precisiones sobre su implementación
en el sistema penitenciario local, donde coexisten jurisdicciones
federales y provinciales.
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este lunes una medida que
apunta a restringir el acceso a planes sociales para aquellas personas
condenadas penalmente o detenidas a disposición del Poder Judicial. La
disposición, coordinada entre el Ministerio de Capital Humano y el de
Justicia, busca eliminar lo que el Gobierno nacional considera
«beneficios» para quienes han cometido delitos.
Sin embargo, lo comunicado deja un vacío en cuanto a su alcance
territorial, generando interrogantes en provincias como Tierra del Fuego,
donde la articulación entre sistemas penitenciarios es clave.
«La cárcel no es un hotel, ni un recreo», afirmó Adorni, reforzando la
postura del Ejecutivo de endurecer las condiciones de los reclusos,
incluyendo la prohibición de celulares y la implementación del programa
«Ocio Cero» para obligar a los presos a trabajar.
No obstante, la falta de precisiones sobre si estas directrices regirán
sólo en establecimientos federales o también en provinciales abre un
debate sobre su viabilidad en territorios con realidades penitenciarias
mixtas.
En Tierra del Fuego, por ejemplo, el Servicio Penitenciario Federal no
cuenta con infraestructura propia y alquila espacios a la provincia. Esta
particularidad plantea dudas sobre cómo se aplicarían protocolos como
la restricción tecnológica o la suspensión de subsidios, ya que
requerirían acuerdos interjurisdiccionales.
Hasta el momento, no hay información oficial sobre posibles convenios
con las autoridades locales, dejando en suspenso la efectividad real de
la medida en el ámbito provincial.
La incógnita persiste: ¿se trata de una política exclusivamente federal o
se extenderá a las cárceles provinciales? Mientras el Gobierno nacional
enfatiza su línea de «mano dura», las provincias aguardan definiciones
claras para evitar contradicciones operativas. Por ahora, Tierra del
Fuego sigue a la espera de precisiones que aclaren el alcance concreto
de estas reformas en su territorio.
