Por Yolanda Dips.
Integrantes del Centro de ex Combatientes de La Plata (CECIM) junto con miembros de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y de la Comisión Provincial por la Memoria estuvieron en esta ciudad para manifestarle a la Jueza Mariel Borruto su “preocupación” por la suspensión de las indagatorias de 18 ex militares acusados de cometer actos de torturas hacia soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas.
La decisión de la Jueza estaba basada en que no cuenta ni con el “personal suficiente” ni con el “espacio” en el juzgado para llevarlo a cabo y, aunque desde la organización de veteranos se entiende la problemática aseguraron que es una forma de garantizar la impunidad de los militares que cometieron actos de tortura contra sus propios soldados.
Al respecto el abogado del CECIM Jerónimo Guerrero Iraola explicó que “La resolución de la magistrada fue objetada a través de un recurso de reposición pero más allá de eso nosotros le expresamos nuestra preocupación por una dilación más en el proceso que lleva 12 años de iniciado y que investiga hechos sucedidos hace 37 años” al tiempo que informó que la jueza no adelantó cuál será la nueva fecha de indagatorias ni cómo piensa resolver los problemas logísticos del juzgado, pero sí escuchó el planteo de los ex combatientes.
El abogado aclaró que “El Estado debe cumplir la obligación internacional de acceso a la justicia. Hablamos de derechos fundamentales. No se puede seguir revictimizando a los soldados.
El doctor Guerrero Iraola además cuestionó los dichos del Jefe del Ejército Claudio Pasqualini quien en su discurso durante el acto por el aniversario de esa repartición militar señaló que “ciertas imputaciones pretenden echar sombra sobre el heroísmo y coraje de nuestros combatientes”, cuando “todos dieron lo mejor de sí por la defensa de nuestras Islas” y afirmó que fue en “alusión a la causa por torturas que se tramita en Tierra del Fuego y es una posición en favor de garantizar la impunidad y un acto de amedrentamiento tanto para las víctimas como para los querellantes”.
Dar explicaciones
Por su parte Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, explicó que “Fue un audiencia que duró más de dos horas, en la cual estuvimos planteándole a la jueza básicamente toda la postura que tenemos como querellantes en esta causa. Le hemos manifestado nuestra posición respecto de la suspensión sin fecha del llamado a indagatorias” y remarcó que esta suspensión consolida de alguna forma lo que es el proceso de impunidad. Es una causa que lleva 12 años de iniciada, con una gran cantidad de pruebas y hechos denunciados, tendríamos que estar por lo menos en una instancia de juicio oral”.
El veterano de guerra señaló que le señalaron a la Jueza las circunstancias en las cuales se encuentran las víctimas, que habían tenido una esperanza “porque definitivamente se estaba avanzando en la tapa de investigación y era muy importante el llamado indagatoria” y afirmó que “estas personas van a tener que explicar por qué hicieron las cosas que hicieron y de las cuales se los acusa”.
En este sentido Alonso indicó que “el Ministerio de Defensa está tardando en enviar la información solicitada, hay datos que faltan en relación a algunos requerimientos de la justicia. Ahora creemos que hay que esperar, para ver qué resulta de esta audiencia. Comprendemos que los jueces se pronuncian a través de sus sentencias y no nos iba a adelantar ninguna cuestión. Pero remarcamos que el Poder Judicial, en cabeza de la jueza Borruto, tiene la guarda de todas aquellas personas que hoy incluso están sufriendo amedrentamiento y son parte de las querellas” y manifestó que “lo que nos queda es esperar a los próximos días, para ver que se resuelve al respecto y a partir de allí vamos a ver si efectivamente la jueza tomó nota de las cuestiones que planteamos en esta audiencia”.
