El lunes último, mientras se terminaba de armar el encuentro entre los gobernadores y el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la Casa Rosada, las administraciones de Corrientes y Tierra del Fuego se sumaron a Chubut y Santa Cruz en la demanda contra el Estado nacional por la decisión de eliminar estos fondos.
El caso de Lucía Copracci, la gobernadora de Catamarca, la decisión de acudir a la Corte se enmarca en que la provincia perdería recursos estimados en $ 26.935 millones, lo que significa casi el 2% de sus ingresos.
El fiscal de Estado de la provincia, Carlos Bertorello, fue el encargado de presentar ante la Corte de la Nación una acción de inconstitucionalidad cuestionando el decreto del Poder ejecutivo. Y, según explicó al diario La Unión, la decisión se tomó porque «hemos entendido que se ha causado un daño ilegal a la provincia, se ha cercenado derechos constitucionales y se ha realizado el planteo con una medida cautelar tendiendo a que se suspenda el efecto del decreto hasta tanto se resuelva la inconstitucionalidad».
En el caso de Tierra del Fuego, la gobernadora Rosana Bertone ordenó al fiscal de Estado fueguino, Virgilio Martínez de Sucre, que también se presente ante la Corte pidiendo la suspensión de la medida.
El abogado de la provincia argumentó que el decreto resalta que el FFS es parte de una acuerdo entre Nación y las provincias que está consagrado en el Pacto Fiscal; por lo tanto, no se puede cancelar de forma unilateral por lo que pide que se declare la inconstitucionalidad.
Previo a que las dos gobernadoras decidieran presentarse a la justicia ya lo habían realizado las administraciones de Alicia Kirchner (Santa Cruz) y de Mariano Arcioni (Chubut).
Además, la Federación Argentina de Municipios (FAM) también hizo otra presentación judicial intentando que se frene la medida por la que las provincias pierden este año $ 5000 millones y en 2019 otros $ 26.500 millones.
En paralelo, la oposición también buscará frenarlo en el Congreso. Hoy al mediodía sesionará la comisión bicameral que controla los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), y la oposición intentará dar el primer paso para buscar la derogación legislativa del decreto.
Según informó El Cronista, la intención de la oposición es conseguir dictamen, aunque sea de minoría, para luego buscar llevar la discusión a los recintos de ambas cámaras del Congreso. No es un camino fácil y hasta ahora los bloques opositores han intentado recorrerlo sin éxito con otros decretos de necesidad y urgencia.
En busca de poder alcanzar el objetivo, y como parte de la presión para negociar, hoy volverán a darse cita en el Congreso intendentes que reclaman por la pérdida de los fondos.
