La gobernadora Rosana Bertone reglamentó la norma que como elemento diferenciador suma una bonificación especial de 150 mil pesos por única vez quienes accedan al beneficio.
«Cuando asumí tomé la responsabilidad de sanear la economía de una Tierra del Fuego al borde de la quiebra. No fue fácil. No vivo en una burbuja, y sé que todos los empleados de la administración pública y jubilados han hecho y hacen un sacrificio enorme, pero entendí y entiendo que debo gobernar con responsabilidad, y que en el futuro cercano se verán los frutos», defendió la mandataria del FpV en un artículo publicado por el matutino Ámbito Financiero.
El alto impacto presupuestario que tiene la masa salarial «dificulta seriamente el planeamiento e implementación de políticas públicas, imposibilitando además lograr el equilibrio en las cuentas y la sustentabilidad de las finanzas provinciales», sostiene la norma.
El régimen de retiro voluntario implementado en Tierra del Fuego se encuadra dentro de «las metas fiscales trazadas por la Provincia, de acuerdo con los acuerdos de consenso fiscal con Nación y con las municipalidades, lo cual permitirá la existencia y aplicación de reglas claras y de mayor transparencia sobre el gasto y los ingresos públicos».
La ley provincial 1.200 determina que podrán acceder «al beneficio» los empleados de los tres poderes del Estado, reparticiones u organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas del Estado provincial, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado «que hayan ingresado a planta permanente con anterioridad al 1 de enero de 2016».
Excluye de la posibilidad de acogerse al régimen de retiro «al personal policial, profesionales de la salud y el personal del servicio penitenciario»; «los agentes con sumario administrativo en trámite»; «quienes se encontraren procesados por delitos en perjuicio de la administración pública provincial»; «quienes hubieran presentado su renuncia, aun cuando esta estuviera pendiente el acto formal de aceptación» y «quienes tengan otorgado un beneficio previsional con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente, con excepción de los beneficios otorgados por fallecimiento del cónyuge».
Registro de Retiros
La Ley 1.200 establece además la creación del ‘Registro Único de Beneficiarios del Régimen de Retiro Voluntario’, que funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo y concentrará la totalidad de la información relativa a la implementación y ejecución del Régimen de Retiro Voluntario.
“Será de consulta obligatoria previa a1 la celebración de concursos y/o a la incorporación de personal, bajo cualquier régimen, en cualquiera de los tres Poderes del Estado provincial, Fiscalía de Estado o Tribunal de Cuentas de la Provincia”, sostiene la norma.
Especificaciones
La ley contempla además que el agente que se adhiera a este régimen “no podrá ser designado en cargo alguno de la planta permanente, gabinete o transitoria, ni tampoco contratado personalmente, sea bajo el régimen de empleo público o locación de servicios, para cumplir funciones en cualquiera de los tres Poderes del Estado provincial, municipal o nacional ni en aquellas empresas o sociedades en que cualquiera de ellos tuviera algún tipo de participación, ni en la Fiscalía de Estado y/o el Tribunal de Cuentas de la Provincia”.
Para ello deberá esperar cumplido “cinco años a contar desde el momento en que perciba la última cuota del beneficio”.
Y remarca: “La violación a lo dispuesto en el párrafo precedente implicará la caducidad automática del beneficio creado por la presente ley y el deber del infractor de restituir la totalidad de las sumas de dinero que hubiera percibido como consecuencia de haberse acogido al presente régimen”.
