La jornada se extendió durante todo el día en el IPES Paulo Freire, donde las asistentes se dividieron en comisiones para avanzar en distintas temáticas que atañen al colectivo de mujeres, realizaron diagnósticos y elaboraron propuestas concretas que luego fueron puestas en común con la totalidad de las participantes. Para finalizar marcharon hasta la Plaza Almirante Brown.
La Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que en los últimos días ha sufrido varios ataques que intentan desmantelarla, fue uno de los ejes que atravesó muchas de las discusiones. En las conclusiones de los diferentes talleres quedó plasmado que es la herramienta para modificar y prevenir muchas de las situaciones de violencia que sufren las mujeres y la comunidad LGBTQ.
El movimiento de mujeres exigió en sus documentos al Ministerio de Educación de la provincia garantice la implementación efectiva de la ESI, desde el nivel inicial hasta el universitario, brindado capacitaciones a toda la comunidad educativa. Advirtieron que la educación no debe tener un perfil biologicista ni binario sino que debe apuntar a la diversidad sexual y a la construcción de la autonomía.
Recordaron que la ESI considera a todos los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y que como es una ley no necesita de ninguna autorización para implementar, no obstante las familias tienen derecho a conocer los contenidos y materiales que se utilizan pero no pueden impedir el cumplimiento efectivo de la ley.
Advirtieron que en la provincia no hay autoridades designadas para garantizar la implementación de la ley, sino que queda librado a las instituciones educativas su efectiva ejecución, dando lugar a “la arbitrariedad y en definitiva a la limitación en el ejercicio de los derechos”.
Y que “actualmente la ESI queda reducida a un encuentro anual muchas veces con perspectiva bioligicista y reducida a la cuestión de la reproducción y/o la genitalidad”.
Asimismo sostuvieron la necesidad de repensar las actividades lúdico deportivas que se realizan anualmente en los establecimientos educativos, conocidos como interbandos o intertribus, y reducir los eventos competitivos en cuestiones de belleza, de “maripozón” o “marimacho”.
Por otro lado, denunciaron falencias del Ministerio de Salud en cuanto al acceso a métodos anticonceptivos, puntualmente al anticonceptivo hormonal de emergencia, llamada pastilla del día después y pidieron la reglamentación del ejecutivo para acceder al medicamento sin receta. Así mismo recalcaron la necesidad de dar difusión a los métodos anticonceptivos masculinos.
En cuanto al aborto legal, las mujeres de Tierra del Fuego reclamaron la aprobación del proyecto de interrupción legal del embarazo, repudiaron a los senadores y senadoras que impidieron que fuera ley y les recordaron su responsabilidad ante la muerte de mujeres por abortos clandestinos.
Las mujeres también exigieron la derogación de la ley que instaura el 25 de marzo con el Día de los derechos del niño por nacer, explicando que la norma violenta y reduce los cuerpos gestantes a meros envases.
Y denunciaron que dentro del sistema público de salud se obstaculiza la implementación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) porque en toda la provincia hay sólo tres médicos que no son objetores de conciencia lo que dificulta el acceso. Pidieron que el Estado tenga, como mínimo, paridad entre médicos objetores y o objetores para agilizar la ILE.
Así mismo anticiparon que no votarán a ningún candidato o candidata que esté en contra del aborto legal, seguro y gratuito y exigieron conocer su postura explicita. Este requerimiento es impulsado a nivel país por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Con respecto a la justicia, se denunció el cobro de honorarios por la defensoría pública a mujeres que habían demostrado incapacidad económica para afrontar el pago de su representación legal. Se habló puntualmente del caso de mujeres que fueron a juicio para estipular la cuota alimentaria de sus hijos y que la justicia decidió retener esas cuotas en concepto de pago de honorarios, impidiendo el acceso a justicia.
Se denunció la persecución ideológica a mujeres y la falta de capacitación a agentes de la justicia y las fuerzas de seguridad.
Así mismo el colectivo de mujeres también reclamó paridad en todos los órganos de decisión, partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes, gabinetes políticos, en los distintos poderes del estado, destacando la situación del Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia.
