Por Yolanda Dips.
Las organizaciones que integran la Multisectorial de Derechos Humanos de Ushuaia y la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande se reunieron con Gustavo Melella gobernador electo de la provincia y actual intendente de Río Grande, para acercarle un documento con los temas que les preocupan en relación a las políticas sobre Derechos Humanos que se están implementando en la provincia y las que se van a aplicar en la próxima gestión.
Durante el encuentro representantes de las multisectoriales leyeron un documento donde se plasma un diagnóstico de la situación actual con análisis y propuestas para distintas problemáticas que hoy atraviesa Tierra del Fuego como la violencia institucional, la criminalización de la protesta, la situación de los exonerados, la crisis del sistema educativo y del acceso a la salud, la situación laboral tanto en el ámbito privado como estatal, la movilidad jubilatoria y el reclamo de políticas de ampliación de derechos a los sectores más vulnerados, entre otros.
El gobernador electo respondió a todos los puntos, coincidiendo en muchos casos en el diagnóstico realizado, se charlaron algunas ideas para implementar y se acordaron futuras reuniones y mesas de trabajo para seguir abordando los temas planteados.
En uno de los párrafos el documento plantea “La violencia institucional y la criminalización de la protesta social mediante la persecución y maltrato de jóvenes por parte de la policía provincial, la falta de protocolos en materia de detención de personas, la represión a las movilizaciones populares, la persecución a militantes de derechos humanos, la falta de seguimiento de las causas que involucran a personas desaparecidas, las victimas por el gatillo fácil, la falta de infraestructura acordes para las personas privadas de la libertad, los traslados arbitrarios y la violencia penitenciaria, evidencian la realidad a la que estamos siendo sometidos por parte del estado.
En relación a este punto, es de carácter urgente la derogación de los Edictos Policiales que rigen en la provincia desde el año 1959, por su carácter inconstitucional y violatorio de los principios de estado democrático y tratados y declaraciones internacionales de jerarquía constitucional en materia de DD. HH; ya que institucionalizan privaciones ilegítimas de la libertad en manos de la fuerza policial sin intervención del Poder Judicial. Además, pretendemos la conformación de una mesa técnica para discutir y delinear políticas de seguridad, y formación y actuación de las Fuerzas de Seguridad de la provincia”.
Además se señala que “en el sector estatal la situación es crítica. La falta de convocatoria a paritarias en estos últimos cuatro años, la constante persecución y hostigamiento al personal, la separación del cargo de seis supervisoras; un vicedirector, suspensiones y sumarios a ellas y a otros trabajadores; de dos trabajadoras estatales; la intervención del IPESFA y el desmantelamiento de las carreras terciarias son algunas de las medidas que denunciamos. Un apartado especial merecen las exoneraciones de trabajadores de la administración pública y de la educación, y los 5 dirigentes «chupados» por la justicia provincial en connivencia con el Poder Ejecutivo que apuntan a disciplinar y restringir la libertad sindical”.
Asimismo hace un pormenorizado diagnóstico de lo que ocurre con los jubilados, la salud pública, el acceso al hábitat, la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas con discapacidad, los pueblos originarios, los desocupados y otras personas producto de las leyes de ajuste, la no defensa de la ley 19540 y la falta de políticas públicas implementadas por la actual gestión de gobierno.
Otro de los temas abordados tiene que ver con las mujeres e identidades disidentes “Las mujeres y personas gestantes son perseguidas y estigmatizadas en los lugares en los que se les debiera asistir en relación a sus derechos reproductivos. Las militantes feministas son perseguidas por las fuerzas de seguridad, tal como sucedió con las compañeras de Río Grande, quienes sufrieron allanamientos ilegales y acusaciones infundadas.
La comunidad trans de la provincia también es avasallada en sus derechos sin acceso a la vivienda, al trabajo, educación y salud. Exigimos la igualdad en toda provincia respecto al cupo laboral Trans.
El aumento de casos de femicidio en nuestra provincial es alarmante. Por esta razón manifestamos que se implemente la Ley de erradicación de violencia de genero Nº1022, la adhesión a la Ley Micaela y la promoción de políticas públicas que garanticen presupuesto, capacitación, prevención y atención de las víctimas”.
