El fallo de la Corte puso fin a la demanda iniciada por el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre contra el fallecido ex legislador José Martínez, demandado por las expresiones públicas que supuestamente injuriaban al fiscal.

En 2012 el Superior Tribunal de Justicia fueguino había condenado a la viuda del ex legislador, Verónica Scardino y a sus cuatro hijos, a pagar la suma de 50 mil pesos, más intereses y costas, por un juicio que le iniciara el fiscal Virgilio Martínez Sucre, quien se sintió calumniado por el ex Senador.

Martínez había denunciado un “pacto de impunidad”, y presentó un pedido de juicio político contra el Fiscal Martínez de Sucre, a quien acusó de “no haber actuado legalmente y haber sido cómplice de los grandes intereses corporativos, políticos y económico que vaciaron la provincia”.

Ayer se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó recientemente la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, que había admitido la demanda solo respecto de las declaraciones efectuadas por José Carlos Martínez en los medios  y, en uso de las atribuciones que confiere el art. 16 de la ley 48, rechazó la acción, informó el Centro de Información Judicial de la CSJN.

La Corte Suprema destacó el lugar preminente que la libertad de expresión ocupa en una república democrática y, a su vez, la importancia de preservar el derecho al honor, inherente a todo ser humano.

“Los tiempos del proceso son nada más ni nada menos que tiempos de vida y la demora se cuenta en vivencias, en el transcurso de la cotidianeidad de la vida de una persona. La justicia en general tiene como desafío empezar a ver que en cada actuación hay una persona. Un juicio de 20 años está fuera de toda consideración razonable para una resolución judicial a un problema”, dijo Manuel Raimbault, abogado de la familia del senador fallecido José Martínez.

“Uno no puede estar toda la vida sometido a procesos, porque si no, ese es el castigo. En este caso hay toda una familia sometida a la posibilidad de que sus bienes puedan ser afectados. Cualquier grupo familiar o cualquier persona debe tomar definiciones, si comprar una casa, vender, y existen restricciones y condicionamientos que se van imponiendo en lo cotidiano. Por eso cuando un proceso tarda 20 años, ya no importa la solución”, señaló Raimbault por Radio Nacional Ushuaia.

Y destacó que “es un precedente muy importante. Pone una gran definición sobre al alcance de la libertad de expresión en una sociedad democrática. Me parece que este es el gran mérito y la conclusión que puede sacarse de este caso”.

Con esta sentencia, se da vuelta el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y a su vez modifica el estándar existente en materia de libertad de expresión. “A partir de ahora hay una obligación de los jueces de seguir el criterio de la Corte, que reafirma un estándar de libertad de expresión más amplio del que se tenía acá. Eso no deja de tener un gran valor positivo”, afirmó el abogado.