Desde el martes las reuniones de comisión de la Legislatura han dado que hablar en más de un asunto. El miércoles la actividad se retomó en la sala de comisiones tras un cuarto intermedio donde los parlamentarios debían darle dictamen final al proyecto de ley que plantea la adhesión a la Ley 27.499 conocida como la Ley Micaela.
La legisladora Miriam Martínez explicó en el plenario que la intención de seguir trabajando era para unificar el proyecto del ejecutivo con el presentado por la Unión Cívica Radical pero que solamente quedó para ser analizado el proyecto del ejecutivo.
Un asunto que, sancionado en el congreso con un amplio acompañamiento, encontró cuestionamientos en distintos sectores y con diferentes intereses. Por un lado, los legisladores Mónica Urquiza y Pablo Villegas cuestionando la adhesión total de la norma y aclarando la posibilidad de hacer una adhesión parcial a la misma, ponían en duda la obligatoriedad de las capacitaciones en género que establece la ley.
Por otra parte, el legislador Ricardo Romano del Frente Para la Victoria enumeró las críticas y en particular la capacitación obligatoria en la temática de género, “lo demás que dice violencia de las mujeres está todo bien. No es ese el tema”.
Romano cuestionó además que la autoridad de aplicación de la misma sea el Instituto Nacional de la Mujer y la obligatoriedad de las capacitaciones. “No estoy hablando por mí, estoy hablando por un montón de empleados que después van a estar obligados a recibir una capacitación en ideología de género”.
Quienes no perdieron tiempo y aprovecharon la disputa entre los legisladores oficialistas fueron los del Movimiento Popular Fueguino quienes aprovecharon la oportunidad para decir que los planteos que frenaron las discusiones eran exclusivamente del Frente Para la Victoria.
Sin embargo, Pablo Villegas en contacto con el programa Capicúa por FM Del Sur se manifestó de acuerdo con la ley en general, pero expresó que le resulta “chocante que haya un artículo de la ley nacional de que aquella persona que pertenezca a cualquiera de los poderes del Estado y que no quiera hacer un curso al respecto, pueda ser pasible de una sanción administrativa. Ahí ya entramos dentro de una esfera de decisiones y derechos muy personales que tiene una persona de asistir o no a un curso de capacitación”.
“Creo que es una cuestión jurídica que corresponde soslayarla, porque lo importante pasa por otro lado” continuó argumentando Villegas, quien ponderó como “lo importante” a la afectación de recursos públicos para que “aquel que lo quiera hacer, bienvenido sea. Y aquel que no lo quiera hacer, está en todo su derecho”.
Sin embargo, Villegas va más allá y dice que “lo que hace al contenido, y la necesidad de que existan políticas públicas activas en serio” y reclamó que “no se utilice, entre comillas, ese flagelo social que es la violencia de género para hacer o imponer un criterio personal de opinión”.
El fondo del asunto no deja de ser ni más ni menos que el reclamo que esgrimió Romano en la comisión: la lucha contra la “ideología de género”. Un movimiento inexistente que conglomera el aborto, el matrimonio igualitario, y una serie de derechos que “atentan” contra la familia tradicional a quienes los cristianos evangélicos, católicos, moralistas y conservadores; le han declarado la guerra.
Incluso, distintas fuentes vinculadas al edificio Parlamentario aseguraron que existió un pedido explícito de los legisladores del Movimiento Popular Fueguino vinculado a erradicar la “ideología de género” de la Ley Micaela, pero que no obtuvo el acompañamiento que suponía.
Cabe recordar en este sentido que, durante le debate en el Congreso por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el legislador; junto al resto del bloque presentaron y consiguieron la aprobación del Día del Niño por Nacer. Aunque Villegas señale como positivo su trabajo por las mujeres desde su bancada, este tipo de decisiones demuestra estar bastante lejos del reclamo de derechos de las mujeres que el mismo decía defender.
Una ley no resuelve
La argumentación de Villegas continuó explicando que no se resuelve el problema “porque una ley obligue a un empleado del poder judicial, que cumple una función administrativa”. Y que existe una diferencia entre funciones.
“No porque se adhiera en un cien por cien a una ley nacional se resuelve el problema” insistió Villegas quien insistió en que es necesario darle prioridad de parte del Estado, la afectación de recursos económicos y humanos; y “desplegar políticas activas que no tiene que ver solamente con dar un curso de capacitación a un empleado en particular”.
“La adhesión a una ley no soluciona nada, es una herramienta más” insistió Villegas en referencia a la Ley Micaela, y consideró que “no hay diferencia entre una víctima de Violencia de Género y de una niña a la que le han matado el padre en un homicidio en ocasión de robo”.
Ante la consulta sobre si el Estado es responsable de los femicidios, Villegas consideró que “es responsabilidad nuestra, de todos los que lo integramos” y que “el Estado tiene que reconocer el problema, llevar a cabo políticas públicas activas al respecto” pero que “no solo para un tipo de delito, sino para las víctimas de todo. Ese es mi concepto” finalizó.
El proyecto deberá continuar en comisión, por lo que habrá que esperar para que la adhesión se concrete en Tierra del Fuego.
