Gervasio Muñoz es Presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de Inquilinos Agrupados. En base a los resultados del último CENSO de 2022 en materia de vivienda, población y hogares y en comparación con los del año 2010, 2001 y 1991, realizó un análisis de cómo se llegó a la actual crisis habitacional en Tierra del Fuego teniendo en cuenta el crecimiento de la provincia respecto de la vivienda y su población y por qué cada vez es más difícil encontrar un lugar donde vivir.
«Tierra del Fuego es una provincia joven que tuvo un crecimiento poblacional muy marcado, en donde desde 1991 hasta el 2022 la población creció un 187%. Es una de las provincias del país que más creció en términos de población, con casi un 190% en 30 años», sostuvo Muñoz en diálogo con Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
Si uno analiza qué sucedió con la vivienda y si se pudo acompañar este crecimiento de población, Muñoz expuso que «en el año 1991 había en Tierra del Fuego alrededor de 30 mil viviendas. Ya en el año 2022, según el último censo, ese número llega a 67 mil viviendas, es decir que también hubo un crecimiento de la construcción de viviendas, casi que se duplicó pero no acompañó el crecimiento acelerado y marcado de la población. Esto sería una primera explicación de la crisis habitacional de la provincia», agregó.
En su evaluación, Muñoz remarcó la cantidad de viviendas que hay por hogares: «Según el último censo, un hogar en Argentina se compone en promedio por tres personas. De acuerdo al CENSO 2022, en Tierra del Fuego hay actualmente 190 mil habitantes. Si dividimos estos 190 por 3, nos da la cantidad de hogares. Sucede que si hubiese una vivienda cada tres personas, se supone que habría una vivienda para cada hogar y no faltaría dónde vivir. La particularidad de Tierra del Fuego y de todo el país, donde la situación habitacional es crítica, es que hay más viviendas que hogares. Es decir, se podría dar una vivienda a 2,8 personas y todas tendrían un lugar donde vivir, pero la conformación del hogar es de 3», indicó.
Para completar, el referente de Inquilinos Agrupados sumó que «si es difícil conseguir un lugar donde vivir en la provincia, ahí entra en juego qué sucede con las viviendas y sobre todo lo que sucede con el turismo y la vivienda desocupada». «La vivienda desocupada se calcula que es de un 15% del total, es decir 7 mil viviendas vacías que no se ocupan ni para turismo ni para vivir, solo para especular. El combo turismo, dolarización de los alquileres, alquileres muy altos para el turismo que presionan sobre el precio de las viviendas mas viviendas vacías que no ingresan al mercado de alquileres y el crecimiento poblacional muy fuerte que no fue acompañado por el de la vivienda del todo, eso da una aproximación a por qué la crisis habitacional en Tierra del Fuego», aseguró Muñoz.
Para poner en contexto, el Presidente de la Federación de Inquilinos remarcó que «toda la Patagonia está atravesando una situación muy crítica que tiene que ver con una nueva modalidad de turismo de alquiler ya no en hoteles, sino en viviendas particulares con una rentabilidad muy fuerte para una vivienda particular: se cobran tarifas muy altas en viviendas particulares que no tienen que pagar nada de lo que paga un hotel. La rentabilidad es muy alta. Y además los Estados que no han visto cómo fue creciendo esto y no han visto o han decidido no ver cómo impacta esto. También se le suma el efecto pandemia, con el crecimiento muy marcado del turismo más una situación interna de inflación muy alta, salarios muy bajos».
Por dar un ejemplo, señaló que «El Calafate tomó la medida de un registro obligatorio de todas las viviendas para alquiler turístico. Debe ser la primera medida para luego limitar la cantidad de hospedajes turísticos. Sólo esta ciudad ha tomado la iniciativa. En el resto del país se han presentado proyectos, como en El Chaltén, Villa La Angostura, San Martín de Los Andes, pero no han prosperado».
Como una solución, Gervasio Muñoz indicó que «el Estado no solo debería regular el alquiler turístico sino también intervenir y limitar la cantidad de viviendas que se puedan disponer para alojamiento turístico, la cantidad de noches, la zona en la que se puede o no poner una vivienda particular para alquiler turístico y llevar medidas para que estas 7 mil viviendas vacías puedan ingresar al mercado del alquiler permanente. Además, una fuerte presencia del Estado porque si se regula, se sancionan leyes pero no se está presente para controlar es peor. No hay forma de que el Estado construya viviendas para darle a la población y al turismo. Sí o sí hay que acompañar, mientras se construye, con medidas».
