Por Nestor Schumacher.- Terminados los debates y especulaciones sobre cómo saldría el proyecto, la Legislatura Provincial aprobó la Ley de Emergencia Económica, Fiscal, Financiera y Administrativa. Ahora, queda la reglamentación del programa PROGRESO, herramienta parte de la ley que asistiría financieramente a los pequeños y medianos emprendimientos. Por un lado el Ministerio de Producción y Ambiente irá revelando las bases y condiciones para la inscripción. Del otro lado, la parte ejecutiva del crédito, el Banco Tierra del Fuego tendrá la tarea un poco más fácil: la carpeta crediticia está normada y ya se han entregado 200 millones en préstamos dentro del marco de la pandemia.
El programa PROGRESO, según conocemos por la ley, buscará asistir de forma económica y financiera a las MiPyMEs fueguinas, cooperativas, asociaciones civiles, mutuales, cuentapropistas y otros a través de créditos no bancarios. De estos créditos estará encargado el Ministerio de Producción y Ambiente, mientras que el Banco TDF, con la nueva capitalización productor de la ley, podrá absorber esta nueva demanda de fondos.
Hasta ahora, todo bien. Si empezamos a hilar un poco más fino y salimos del discurso planteado por el ejecutivo, veremos que no todo es lo que parece. Uno de los puntos principales del establecimiento de la ley era darle herramientas al Banco para financiar estos créditos a tasa subsidiada. Esta capitalización de mil millones de pesos es importante, pero fuentes del propio Banco Tierra del Fuego informan que la institución cuenta con un capital prestable de 7.000 millones. Entonces: ¿Cuál es el objetivo de aumentar la capacidad un mero 14% si aún no se llegó al tope?. Al parecer, el Ejecutivo estaba más preocupado en ampliar el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, FUCO, para evitar inconvenientes a la hora del pago de salarios. Ahora, vuelvo a preguntarme ¿Por qué habría problema para pagar los salarios si los aumentos fueron suspendidos, hasta los de la clase política? Es cierto que la recaudación ha caído, pero uno de los principales reclamos del Gobernador, la situación de los hidrocarburos y su baja de precio, fue “solucionada” con el barril criollo. Lo que no se entiende es que si con las cuentas públicas al estado de inicios de marzo la situación permitía un aumento que casi duplicaba sueldos para la clase política y para el resto de los estatales rondaba en el 15% más la legalización del salario docente (hasta 50% de aumento en algunos casos), ¿Cómo no alcanzaría ahora para pagar pre-aumento?.
Ahora que las cosas retoman un grado de aparente normalidad en la provincia, los gremios intentarán que se respeten los acuerdos homologados. El sindicato docente, SUTEF, llamó a la retención de tareas, alerta y movilización en sus asambleas virtuales; luego de no ver percibida la suma fija que reemplazaba al aumento. En Río Grande ANUSATE emitió un documento crítico contra la gestión del Gobierno, donde resaltan la falta de información sobre el pago del bono correspondiente a mayo y el incumplimiento del acuerdo salarial alcanzado en paritarias.
Volviendo sobre los puntos mencionados, hablemos de los créditos. Como primer medida, si el Banco es el encargado de otorgar la financiación, lo que cambiaría podría ser la velocidad en el armado de carpetas para la liberación de fondos, pero la operativa es siempre la misma, tasa subsidiada o no. Si el encargado será el Ministerio de Producción y Ambiente, habrá que ver qué requisitos se plantean, las escalas de montos y la forma de devolución de los mismos. Sería importante contar con dicha información en los próximos días, para acelerar el proceso de acercar al comerciante o emprendimiento con el dinero necesario para paliar, al menos en parte, las consecuencias de la crisis. El proceso de instalación de bases y requisitos de los créditos será complejo y deberá contemplar no sólo las situaciones individuales, sino cómo la crisis impactó a determinados sectores. No será el mismo nivel de ayuda el necesario para emprendimientos que dependen del consumo interno, que para otros que viven del movimiento de personas o los vinculados a actividades que están en proceso de reinventarse post-pandemia como los cruceros, cines u otras actividades con gran concentración de personas.
Desde el Ministerio de Finanzas Públicas de la Provincia, el encargado de la cartera, Guillermo Fernández, manifestó que la suma de 1.000 millones de pesos tendrá por objetivo atender a aquellos que no puedan ser sujetos a créditos dentro del mecanismo formal financiero. Buscan acompañar a aquellos que inician proyectos innovadores y que no reúnen las garantías para acceder al crédito formal. Remarcó también que “dentro del marco de la ley, también contamos con beneficios impositivos para poder aplicar a la brevedad, así como también el incremento de la alicuota a las entidades bancarias privadas, que no han mostrado una actitud proactiva y de acompañamiento a todos aquellos que lo necesitaban.”
Aunque todo parece estar en orden y sólo falta la reglamentación, me vuelve a quedar una sensación de preocupación cuando hablamos de PROGRESO. Este será el programa más grande en montos afectados e importancia en la historia de la provincia, y sabemos poco y nada sobre su implementación. ¿Serán solo créditos o habrá aportes no remunerativos? ¿Cuáles serán los plazos de devolución? ¿Habrá período de gracia? ¿Hay un mínimo de personas que recibirán los beneficios? ¿Hay una prioridad a sectores estratégicos? ¿Cuál será el criterio de selección?. Ahora que la Legislatura aprobó la ley, la responsabilidad sobre su aplicación cae sobre el Ejecutivo y qué tan rápido puede hacer llegar los recursos a aquellos que los necesitan de forma eficiente.
