En la tarde de hoy, en la última sesión del concejo deliberante con siete miembros, quedó aprobada por unanimidad la creación de Río Grande Activa Sociedad del estado. También se aprobó por unanimidad el presupuesto 2020, que fuera sometido a modificaciones tanto por los concejales como por diversos actores de la sociedad civil, durante una audiencia pública.
“Es un hecho político que muestra no solo la pluralidad que quiere darle Martín Pérez a su intendencia, sino la apertura de los concejales al debate”, dijo Gastón Díaz, uno de los integrantes del equipo de Pérez del proceso de transición municipal.
“La idea de darle mayor transparencia y posibilidades de control a todos los organismos estatales es algo positivo, porque se ha logrado la participación de todos los organismos públicos”, celebró Díaz luego de la aprobación.
Una vez que se ponga en funcionamiento la Sociedad del Estado, se marcarán prioridades, dentro de las cuales Díaz enumeró “el tratamiento diferencial de los residuos, el reciclado, y la implementación de las energías renovables”. A partir de esta aprobación, se podrá elegir a las autoridades y se podrá armar el futuro plan de gestión.
Díaz también destacó el acompañamiento de todas las fuerzas políticas que aprobaron el presupuesto municipal para el año que viene. Minutos antes de comenzar la sesión del concejo, en el Margalot, ingresó un proyecto para ampliar la planta permanente del municipio.
“Conocíamos la cantidad de personal del municipio, pero no conocíamos que iba a ingresar este proyecto”, aseguró Díaz. Si bien el concejo deliberante aprobó una ampliación presupuestaria, relacionada con el incremento de los recursos durante el 2019, la ampliación del personal de planta fue rechazada por los concejales.
“Con lo que se presupuestó para el año que viene, con 1850 personas, estábamos de acuerdo, no hicimos observaciones en cuanto al personal presupuestado para el 2020, donde se presupuestaba un incremento de 120 personas. Era sensato mantener estos números de agentes municipales”, dijo el funcionario.
Y agregó: “Hemos tenido un año electoral donde a partir del 1 de enero de este año se dieron muchas incorporaciones, vamos a prestar mucha atención a este detalle”.
Díaz también fue consultado por la situación de la empresa recolectora de residuos Santa Elena, que advirtió el cese de pago de los salarios, de las indemnizaciones y del bono de fin de año para los empleados, debido a que el municipio no regularizó su deuda con la empresa, que ya supera los $120 millones. La comunicación de Santa Elena generó un paro total de actividades de los Camioneros por tiempo indeterminado, por lo que la ciudad no tiene servicio de recolección de residuos.
“Martín ya lo había dicho meses atrás, y se ha hecho público con la nota de Santa Elena”, advirtió Díaz. Y agregó que “se trata de una deuda que ya ha sido devengada, puede no estar facturada. Pero nos gustaría saber de parte de la empresa cuáles son sus expectativas sobre la deuda y la posibilidad del ejecutivo de afrontarlas”.
El funcionario además se refirió a otros pasivos del municipio, que ya habían sido declarados por la gestión entrante, y que no solo alcanzan a la empresa Santa Elena, sino también a CityBus, que acusa una deuda del municipio de $15 millones, a la Cooperativa Eléctrica, con deuda de $48 millones, y a la Asociación de Bomberos Voluntarios, a la que el municipio le debe cerca de $15 millones. “Nos está faltando clarificar el pasivo municipal al 31 de diciembre”, afirmó Díaz.
