La retirada de YPF de Tierra del Fuego abre una etapa inédita en la gestión de los recursos energéticos provinciales. La pregunta que surge inmediatamente es qué hará la provincia —a través de Terra Ignis Energía S.A.— con las áreas que la petrolera nacional decidió devolver.
Antes que nada, una precisión técnica: las áreas pertenecen al Estado provincial, no a YPF. Para que su administración pase efectivamente a la empresa estatal, se requiere la aprobación de la Legislatura con una mayoría agravada, según lo establece la normativa vigente.
YPF anunció su retiro de Tierra del Fuego y de Santa Cruz en el marco de una estrategia que busca concentrar recursos en Vaca Muerta (Neuquén). El objetivo es claro: optimizar inversiones, reducir pasivos y focalizar la producción en yacimientos de mayor rentabilidad.
En ese esquema, la salida de YPF del extremo sur no sorprende. La empresa necesitaba garantizar una retirada ordenada, asegurar la continuidad laboral de los trabajadores y evitar conflictos con los gobiernos locales.
Pero el interrogante sigue siendo el mismo: ¿qué deja YPF en Tierra del Fuego?
Deja áreas exploradas, de baja rentabilidad, pasivos ambientales, y —según palabras del vicepresidente de Terra Ignis— “algunos capitales adicionales” que podrían utilizarse para desarrollar nuevos negocios.
El desafío que enfrenta la provincia es enorme. En primer lugar, no cuenta hoy con un ministro de Energía: el ingeniero Aguirre presentó su renuncia en enero de 2024 y el cargo sigue vacante. En segundo término, Terra Ignis no tiene antecedentes operativos relevantes. Desde su creación, la empresa estatal no ha desarrollado proyectos de explotación ni producción concretos.
A esta falta de experiencia se suman cuestionamientos financieros y administrativos.
Legisladores provinciales advirtieron una pérdida de 237 millones de pesos en su balance, la salida irregular de una de sus síndicos —quien denunció “falta de entrega de documentación”— y dos pedidos de informes (As. 154 y 176) para conocer los estados contables y la composición de las asambleas societarias.
Además, Terra Ignis publicitó recientemente un convenio de asistencia con Total Energies para asesoría técnica y un contrato con la empresa Rainbow International Xi’an Engineering, aún sin tratamiento legislativo.
En ese contexto, la empresa deberá sostener al menos dos objetivos básicos: mantener la masa laboral de 144 trabajadores y garantizar el abastecimiento local de gas.
La experiencia más cercana es la de Santa Cruz, donde tras el retiro de YPF se conformó una UTE integrada por seis empresas, sin grandes inversiones ni cambios significativos en la producción.
Todo indica que el camino fueguino podría ser similar: administrar más que producir, mantener más que expandir.
El tiempo —y la Legislatura— dirán si esta transferencia puede transformarse en una oportunidad real de gestión provincial o si quedará como una salida ordenada de YPF sin un proyecto energético sostenible detrás.
