El retiro ya anunciado de YPF solo nos dejó una certeza y varias preguntas. Algunas de ellas son: ¿qué pasa con las inversiones comprometidas? ¿Fueron realizadas? ¿Quién se hará cargo de la reparación ambiental? ¿Qué sucederá con los trabajadores? ¿Puede el Estado provincial asumir la producción?
Hace ya más de un año, YPF anunció su retiro de Tierra del Fuego y de Santa Cruz, y manifestó que, por decisión empresarial, concentraría sus operaciones exclusivamente en Vaca Muerta.
Actualmente, YPF realiza —junto con Roch, que también anunció su retirada— la extracción de gas. Estas empresas firmaron oportunamente convenios con la Provincia, que permitieron inversiones, producción, generación de empleo y, por supuesto, el ingreso de regalías a las arcas provinciales.
¿Quién controla la salida de YPF? ¿Quién audita si las inversiones fueron realizadas? ¿Quién verifica la reparación de los daños ambientales?
La única información que surgió hasta el momento es que Terra Ignis, asumirá las nuevas negociaciones, pero nada se conoce en relación al control de proceso de salida.
La capacidad de Terra Ignis es casi tan incierta como el futuro de las áreas.
A ello se suma la reciente y silenciosa votación que extendió el plazo de concesión de la Total.
Votación entre gallos y medianoche. De una materia que constitucionalmente se prevé una mayoría especializada. Hidrocarburos no es un tema más. Resultado sobre tablas 15 a 0.
Transparencia y seriedad 0.
Otras preguntas que surgen
En el marco de esos convenios, cada una de las empresas se comprometió a realizar determinadas inversiones: algunas directamente relacionadas con su actividad, y otras vinculadas a su responsabilidad empresarial, como la construcción de un centro comunitario, un hospital, o el aporte de equipamiento, entre otro.
Asimismo, en el marco de estas concesiones, se establece la obligación de “responder” por los daños ambientales generados. Los daños ambientales —algo que muchas veces nos suena abstracto— efectivamente ocurren. Y este es, quizás, uno de los puntos más críticos por el alto costo que implican. Definir quién se responsabiliza y quién paga por esos daños es vital.
Sin la reparación de esos daños, difícilmente las áreas resulten un atractivo económico. Por lo tanto, es fundamental exigir a la concesionaria su reparación. De lo contrario, cualquier nueva negociación se haría “a la baja”.
También resta preguntarnos: ¿qué pasará con los trabajadores actuales? ¿Serán indemnizados? ¿Serán incorporados al Estado? ¿Formarán parte de una nueva negociación?
Hasta el momento, solo se sabe —por gacetillas oficiales— que quien encabeza las primeras negociaciones sobre el futuro de las áreas es el director de Terra Ignis, una sociedad con participación estatal y escasa experiencia. A Terra Ignis solo se conoce un escándalo por la “desaparición de 2millones de dólares aparentemente esclarecidos”
La salida de YPF debe ser celosamente auditada
Solo de esa manera podría convertirse en una verdadera oportunidad. Para ello se requiere rigurosidad, conocimiento y, por supuesto, transparencia.
Los pasivos ambientales son de un costo altísimo y si no se pone el ojo en ello cualquier nueva negociación podría no ser del todo rentable. Controlar el efectivo cumplimiento de los compromisos asumidos por YPF no puede desvanecerse bajo la “esperanza” de una nueva concesión. El éxito dependerá de la efectiva intervención de actores especializados, la del propio Fiscal de Estado y por supuesto, oportunamente, de la legislatura. Esperemos con un tratamiento serio democrático, con debate y transparente.
