Desde la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia que declaró la cuarentena en Argentina, el pasado 19 de marzo, ha fueron aprehendidas 377 personas en toda la provincia.

Además, se secuestraron 50 automotores, 5 motos y 6 bicicletas, según los datos brindados por el Juzgado Federal de Río Grande.

“Pese a los permisos que se han ido otorgando, la mayoría continúa cumpliendo con las restricciones de no salir”, dijo Juan Vicente, Secretario general del juzgado de Río Grande, por Fm Del Pueblo.

Según Vicente, “en todos los casos de personas aprehendidas se va a tramitar una causa penal, no queda en infracción”.

El letrado advirtió que “va a haber que analizar caso por caso si corresponde llegar a indagatoria o a un procesamiento penal”.

“Observamos que los fines de semana aumentan las infracciones. Además hay una problemática nocturna y vinculada mayormente con el consumo de alcohol. También hemos tenido casos de personas reincidentes”, dijo.

Con respecto a las personas que han sido halladas violando el DNU y en estado de ebriedad, el abogado informó que “el delito es el mismo. Estar ebrio no es un delito en sí mismo, sino llevado a las circunstancias, porque se tiene en cuenta el nivel de afectación del bien público, si se ha resistido a la autoridad, si se han tratado de escapar, son cosas que se valorar al momento del juicio”.

Sin embargo, hay medidas alternativas a la pena. El nuevo código procesal penal, prevé en el artículo 22 la aplicación de algunas soluciones para evitar el cumplimiento de una pena.

“En muchos casos puede ser más valioso para la sociedad que la persona haga lo posible por reparar el delito. Esa persona podría recomponer de algún modo el daño con algún tipo de trabajo social o donación al bien público”, señaló.

En cuanto a la reincidencia, técnicamente seria nuevo incumplimiento, o sea, un nuevo delito.

“Hay personas que incumplen sistemáticamente, y eso agrava la situación de esa persona, porque se le van a imputar varios delitos con la posibilidad de una pena más alta”, informó.

También ha habido casos de personas aprehendidas que no tenían domicilio fijo, para lo que se contó con la ayuda de las administraciones provincial y municipal, desde donde se les prestó un lugar para realizar el aislamiento obligatorio.

En relación a los hechos de violencia doméstica, con las personas que eligieron no estar en su domicilio debido al conflicto, “desde el Juzgado se intentó buscar alternativas para un problema que no soluciona un problema de fondo”, manifestó Vicente.

“Hemos tenido casos de personas que han denunciado casos de violencia, que decían que preferían salir del domicilio antes que quedarse”, señaló.