El legislador del Movimiento Popular Fueguino sostuvo que, en la causa judicial por la intervención del Puerto de Ushuaia, el Gobierno provincial no hizo parte a la Fiscalía de Estado y optó por contratar asesoramiento jurídico externo. Cuestionó la estrategia y los costos asumidos por el Ejecutivo.
La excusación del Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, y de todo el organismo a su cargo para intervenir en la causa judicial iniciada contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación por la intervención del Puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo político e institucional, tras los cuestionamientos del legislador del Movimiento Popular Fueguino Pablo Villegas.
El legislador sostuvo que el Fiscal de Estado notificó formalmente al gobernador su decisión de excusarse de intervenir en el proceso judicial ante el Juzgado Federal de Ushuaia, al no haber sido instruido ni convocado para definir la estrategia de litigio. Según planteó, la Fiscalía de Estado no formó parte de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo provincial para impulsar la acción judicial contra el organismo nacional.
Villegas remarcó que la decisión de avanzar sin la participación del órgano constitucional encargado del control de legalidad y la defensa del patrimonio provincial implicó dejar de lado la experiencia, formación y trayectoria de todo el equipo de la Fiscalía de Estado. En ese marco, cuestionó que, en lugar de recurrir a ese organismo, el Gobierno provincial haya optado por contratar asesoramiento jurídico externo.
De acuerdo con el planteo del legislador, esa estrategia derivó en gastos millonarios y abrió interrogantes sobre la conducción del conflicto judicial, en un contexto de alta sensibilidad institucional y política para la Provincia. A su entender, el apartamiento de la Fiscalía no puede leerse como una cuestión meramente técnica, sino como una señal de discrepancias profundas en la forma en que el Ejecutivo decidió encarar el litigio.
Asimismo, Villegas señaló que la excusación del Fiscal y de todo su equipo expuso una falta de coordinación interna en la defensa de los intereses provinciales frente a un conflicto de magnitud con el Estado nacional. En ese sentido, advirtió que las diferencias en la estrategia judicial adoptada podrían debilitar la posición de la Provincia en la causa por la intervención del puerto.
Finalmente, sostuvo que tanto el Gobernador como el Secretario Legal y Técnico deberán brindar explicaciones públicas sobre las decisiones adoptadas, el apartamiento del órgano constitucional de control y los costos asumidos en el marco de la estrategia judicial impulsada por el Ejecutivo provincial, en un conflicto que continúa sumando derivaciones institucionales y políticas.
