Por Néstor Schumacher.
En este complejo proceso de cuarentena y crisis sanitaria, económica y social, uno espera de la clase política soluciones consensuadas y transparentes. Si la oposición ha demostrado madurez ¿no es preferible trabajar en conjunto para ofrecer la mejor solución a los vecinos?
Mientras el ejecutivo espera con gran anticipación la sesión especial para convertir en ley su proyecto de emergencia económica, aún quedan dudas sobre los fundamentos del plan PROG.R.E.SO. Desde las intendencias de Ushuaia y Rio Grande se mostró sorpresa ante un proyecto elaborado tan rápido y sin diálogo previo para llevar a la Legislatura.
Esta “presión” que se ejerce desde los intendentes Vuoto y Pérez, denota una cierta duda del justicialismo con el proyecto. La alternativa que se barajaría entonces, es que tome estado parlamentario y luego se tome un cuarto inter-medio para discutirlo en profundidad. Una vez terminado este período de discusión, se podría continuar con la sesión. Ahora bien, desde varios sectores de la oposición se plantea que dado lo abarcativa y compleja de la ley, es necesario tomarse su tiempo para analizar qué impacto podría tener en las arcas fueguinas.
Tanta es la discusión dentro de bloque justicialista: si me apuran le digo que no terminan todos juntos y podría haber en los próximos meses un bloque unipersonal. Uno de los referentes plantea la falta de confianza para darle al ejecutivo la potestad del manejo de estos 2 mil millones, “se perdió la confianza” decía este edil y mucho de la discusión que se plantea es puro “Carancheo político” y desde ese punto es difícil consensuar.
Desde la intendencia de Río Grande, el reclamo pasa por el perjuicio que ve-rían las municipalidades con este proyecto. Las exenciones impositivas derivadas de la posible ley afectarían la recaudación (son impuestos coparticipables). También queda cierto manto de duda por sobre cómo se destinarían esos 2.000 millones de pesos en créditos productivos. No hay un método de selección, de entrega o de tasas. Según Martín Pérez, “no hay garantías de que el nuevo endeudamiento no termine en gastos corrientes, porque no se explicita el destino de la emisión de letras”, además estimó que con la capitalización del banco en dos mil millones de pesos “me imagino que se van a dar a tasa cero.”
Desde Ushuaia, el reclamo vino por medio delsecretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, quién también cuestionó el proyecto ingresado el lunes a la Legislatura por el Ejecutivo Provincial. En esa misma línea, respaldó la postura tomada por el Partido Verde, quedando a la espera de lo que resuelva el justicialismo.
Por su parte el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, pidió a los legisladores que manden el proyecto a comisión, pudiendo así ser convocados los intendentes para trabajar la ley en conjunto. “Tenemos una mirada de que está poco clara la redacción. Queremos una etapa de discusión para enriquecer esos artículos, porque no sé a qué tasa se van a dar los créditos. ¿Por qué no usamos parte de esa plata para darle a los comercios chicos a tasa cero? El comercian-te pequeño que tiene que pagar alquiler tiene que endeudarse. Estuvo dos meses cerrada la legislatura y los dólares estuvieron ahí desde diciembre.”
Sumemos a las críticas de los intendentes que esta ley le daría potestad al ejecutivo de extender la duración de la emergencia económica. Esto haría que los legisladores estuviesen convalidando un decreto retroactivo; elemento que ya fue cuestionado por los entes de control y el Fiscal de Estado y que la gran mayoría de los legisladores no está dispuesto a aprobar este artículo.
Los reclamos opositores tienen un fundamento bastante lógico: la ley faculta al ejecutivo de tomarse unas cuantas libertades a la hora de relocalizar fondos, tomar deuda y utilizar los dólares provenientes de bonos previos para un fondo diferente del establecido en la ley que los autorizó, pero no determina ninguna obligación para el ejecutivo provincial. Se describe un programa muy amplio y sin detalles en montos, tasas o beneficiados alcanzados. Si se van a destinar unos 340 millones de pesos (los dólares a cambio oficial), más otros posibles 3.000, sería interesante saber cómo y a donde van a ir. ¿Serán utilizados para reactivar la economía y mantener a flote el sistema productivo o para pagar los gastos del ejecutivo? Otro punto nada menor es el de modificar impuestos coparticipables sin al menos consultar con los ejecutivos municipales. De aceptarse la ley cada municipalidad deberá reajustar su estructura de costos y planificar donde se harán los recortes; esto lleva tiempo y planificación; algo que si la ley se aprobase al entrar en Estado Parlamentario, sería imposible.
No me malinterpreten, un proyecto de ley que reactive el ecosistema productivo fueguino es más que bienvenido. Mientras antes la provincia tome conciencia de los riesgos producto de la recesión más efectivas serán las medidas para sostener puestos de trabajo y evitar el cierre de empresas. Pero tiene que haber un cierto grado de control y transparencia en cómo se efectúan estas exenciones de impuestos y entrega de beneficios. No saber el cómo, el cuánto y a quiénes vuelve imposible analizar qué impacto tendría la ley y si realmente se aprovecharía el dinero invertido.
